Inspectores provinciales del censo en Cuba.
Alenmichel Aguiló
El primero de enero de 1899, a las doce del día, España entregó el gobierno de la isla de Cuba a los Estados Unidos de América de acuerdo con lo estipulado en el Tratado de París celebrado entre ambas potencias el 10 de diciembre de 1898.
La administración del presidente William McKinley decidió que la isla quedaría bajo la jurisdicción de la Secretaría de Defensa y, en consecuencia, un militar se haría cargo de gobernarla junto a auxiliares civiles cubanos, escogidos de entre las diferentes facciones políticas existentes.
La Secretaría de Guerra de los EE. UU., por orden del presidente, orientó el 19 de agosto de 1899 la realización de un censo de población en la isla entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de ese mismo año.
Sería un censo de población, agricultura e instrucción y se realizaría uno similar en la isla de Puerto Rico. Dos funcionarios estadounidenses, J. P. Sanger y Víctor H. Olmsted, fungirían como director y subdirector respectivamente, pero los enumeradores, supervisores e inspectores provinciales serían cubanos.
En la orden del Departamento de Guerra se designaba a los seis inspectores provinciales cubanos que estarían a cargo de seleccionar y entrenar al personal de enumeración, proponer los límites de los distritos de enumeración al Subdirector para su aprobación, fijar el importe de gastos para enviarlo al oficial del Ejército de los EE. UU. encargado de los pagos en su provincia, remitir los resultados del censo al Subdirector, rendir un informe final del trabajo realizado, y otras funciones que hacían del inspector provincial el máximo responsable de la recogida de información y de la satisfactoria realización del censo en sí.
Los distritos de enumeración no debían exceder los 1500 habitantes en zonas urbanas y 1000 en zonas rurales. La primera tarea de los inspectores provinciales sería fijar estos distritos contando para ello con escasos mapas y datos de dudosa exactitud provenientes de censos anteriores.
Cada enumerador sería responsable de la recogida de información en un distrito. Contaría con una planilla para recoger la información relativa a la población, otra para el estado de la agricultura y una tercera para la instrucción. Los enumeradores percibirían emolumentos de cinco dólares por día trabajado (equivalentes a 158,44 dólares de 2021 según el “Inflation Calculator”. Official Inflation Data, Alioth Finance, 12 Mar. 2021.)
La información recogida en las tablas sería enviada por los inspectores provinciales a los EEUU donde se encuadrarían utilizando máquinas eléctricas encuadradoras de las utilizadas en el undécimo censo de ese país (1890) y que habían sido inventadas por Herman Hollerith, uno de los padres de la informática moderna. Estas máquinas empleaban tarjetas perforadas, eran bastante exactas y permitían ahorrar gran cantidad de tiempo respecto al sistema manual. «The Tabulating Machine Company», empresa fundada por Hollerith que años después se fusionaría con otras similares para crear la International Bussiness Machine (IBM), sería contratada para encuadrar la enumeración de las islas de Cuba y Puerto Rico al costo de 3,5 centavos por cada persona y 1 centavo por cada edificio enumerado (aproximadamente 112 y 32 centavos de 2021).
Los elementos más significativos del censo, destacados así por sus propios gestores, serían: En primer lugar, la superioridad metodológica respecto a cualquier censo anterior realizado por España en Cuba (en EE. UU. la realización de los censos de población respondía a un mandato constitucional con el objeto de, entre otras cosas, fijar las cargas impositivas y los distritos electorales del país y se han llevado a cabo sin excepción cada 10 años desde 1790, de modo que la pericia técnica acumulada en 1899 ya era notable).
En segundo lugar, y según señalaban los directores estadounidenses y los inspectores cubanos de acuerdo a su conocimiento, se trataba de la primera ocasión en que las mujeres desempeñaban un empleo público remunerado en Cuba (verbigracia, el caso de Emilia de Córdoba y Rubio, de quien hablamos hace poco en Memoria Cívica). La incorporación de las mujeres fue destacada en los informes de varios inspectores provinciales que celebraron el celo y la dedicación de sus enumeradoras, algunas de ellas con responsabilidades como instructoras y supervisoras.
Eso no significa que el propio censo, y la consiguiente participación de la mujer, careciera de detractores. El inspector provincial de Santiago de Cuba se quejó en su informe de que una sola mujer (América Betancourt, de Campechuela) había trabajado en la provincia y que había sido imposible incorporar mujeres al trabajo en la capital provincial debido a la resistencia (al parecer, incluso, a insultos y vituperios sufridos por una enumeradora malograda) de algunos que se oponían a la realización del censo (sobre todo ‘españoles recalcitrantes’) y descargaban su frustración con especial saña en el personal femenino.
Por el valor que tienen como descripción de la sociedad de la época, en próximas publicaciones estaremos compartiendo algunas incidencias extraídas de los informes y memorias de los participantes en el censo.
