Seis años han transcurrido desde la proclamación de la Constitución de 2019. Calificada como innovadora por la inclusión explícita de los derechos ciudadanos y el reconocimiento de la propiedad privada, su puesta en vigor y su implementación no han significado mejoría alguna para los cubanos. Al contrario, cada día es uno más en el camino al subdesarrollo y, con ello, a la destrucción de Cuba como nación misma.
Contexto económico y social
Mientras más de 300 empresas estatales —principal actor económico— cierran cada año con pérdidas y la “locomotora de la economía” (el turismo) muestra signos evidentes de deterioro en sus indicadores de gestión, prohibiciones y otras restricciones irracionales ahogan el ejercicio de los actores económicos privados, especialmente los nacionales. ¿Consecuencia? Crecimiento económico mínimo alternado con retrocesos.
En un desbalanceado patrón, las inversiones de 2023 y 2024 en turismo e inmobiliaria superaron cinco y once veces, respectivamente, las dirigidas a la agricultura, salud y educación juntas. ¿Resultado? Mientras las inversiones en turismo e inmobiliaria crecen exponencialmente, se profundiza la crisis alimentaria, se deterioran los servicios de salud y se desploma la calidad educativa, evidenciando la desconexión entre las prioridades gubernamentales y las necesidades reales del pueblo.
La inflación galopante que resultó del ordenamiento, junto a la trasferencia a las familias de la responsabilidad en la atención a sus mayores en un contexto de salarios insuficientes, han agudizado los niveles de pobreza; el aumento de la mendicidad en las calles es un ejemplo de ello. La implementación de terapias de choque —como la introducción de las ventas MLC en 2019 y, recientemente, en USD—, junto a la distribución desigual de energía y los alimentos incorporados a la canasta familiar normada, por su parte, han profundizado las desigualdades sociales.
Lejos de generar desarrollo, se ha acelerado el deterioro estructural dejando a la población atrapada en un ciclo de precariedad, desigualdad y crisis. Como reacción lógica y natural, el pueblo ha expresado su descontento mediante el ejercicio del derecho de manifestación pacífica reconocido en la Constitución. En lugar de soluciones efectivas, generalizadas y perdurables, la respuesta a tales manifestaciones ha sido represión en sus más disímiles formas.
Para colmo, en franca actitud desafiante, y en contubernio con la administración de Nicaragua, se eliminó el requisito de visado para los cubanos en esa nación, con el claro propósito de reducir la presión social y, luego, recibir los aportes monetarios en forma de remesas. El éxodo masivo resultante de todo esto, junto a los autoexilios provocados por la represión, ha reducido la población de la isla en más de un 15% en los últimos cinco años, con la consecuente pérdida de capacidad demográfica y laboral. Como colofón, está la creciente aspiración a abandonar el país como única vía de supervivencia y desarrollo personal.
Además de las manifestaciones callejeras, la estampida migratoria y la creciente aspiración a emigrar, otros síntomas indican una pérdida de respaldo popular. Tomando como referencia el referendo constitucional, en cuyo proceso solo hubo propaganda por el SÍ, mientras se reprimía cualquier intento ciudadano de buscar apoyo por el NO, la participación ciudadana en procesos electorales se ha reducido, siendo llamativo el 31,4% de abstencionismo mostrado en las elecciones municipales de 2022.
El legislativo: un simple espectador
Mientras el Estado se muestra incapaz de cumplir sus fines esenciales, la seguridad nacional —entendida más allá de la integridad física del territorio— está en peligro y el pueblo manifiesta su descontento de disímiles formas. A pesar del riesgo de represión, el Parlamento sólo observa, cual espectador de del final de una carrera de fondo, sin intención palpable de alterar el desenlace. El representante del pueblo en el Estado no satisface su primerísima misión de cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus diputados no cumplen su función de desarrollar su labor en beneficio del pueblo.
Un Parlamento que cumple su función como representante del pueblo sería capaz de rechazar los proyectos de leyes que anulan derechos consagrados en la Constitución. ¿Acaso no hubo un diputado capaz de señalar que el delito de propaganda contra el orden constitucional —previsto y sancionado por el Código Penal que aprobaron— anula de facto los derechos a promover iniciativas legislativas y de reforma constitucional? ¿Los avezados de la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento tampoco lo vieron? ¿Cuántos cubanos cumplen sanciones de privación de libertad en nombre de un delito inventado que, además, limita la libre expresión más allá de lo sensato y legítimo?
El enfoque reactivo de la gestión
Ante tantos síntomas de descontento popular y desconfianza en que las instituciones proyecten su trabajo en función de las necesidades reales del pueblo, así como de las reiteradas denuncias sobre la violación de derechos constitucionales, cualquier parlamento hubiera creado una Comisión de Trabajo, aunque fuera temporal. Pero estamos hablando del cubano, donde el divorcio de la ciudadanía forma parte del diseño.
Bajo la “ética” partidista de que reconocer públicamente los fracasos aporta armas al enemigo, en Cuba “todo está bien”, aunque el país se esté cayendo a pedazos. De forma análoga, se espera a que el pueblo plantee los problemas en los lugares, en los momentos y con formas establecidas. Las opiniones que no se ajusten a esos requisitos o son formuladas por habituales críticos y opositores, se asumen como “planes macabros del enemigo”. Esta narrativa, que perpetúa la negación de los problemas y deslegitima las voces que buscan soluciones reales fuera del marco oficial, forma parte del diseño reactivo del modelo de gestión de la relación del Estado con el pueblo.
El Estado que alardea de usar ciencia en la gestión espera a que los datos le caigan del cielo y hasta se da el lujo de escogerlos según su procedencia. ¿Resultado? Los problemas crecen delante de sus narices, hasta que se tornan prácticamente irreversibles.
El mecanismo diseñado con pelos y señales, y establecido mediante una ley, para la atención a las quejas y peticiones, el ejército de activistas de opinión popular y las asambleas de rendición de cuentas de los delegados se muestran insuficientes, sobre todo, porque dependen más de la voluntad de quien recibe la opinión, queja o petición, que de la naturaleza de la misma. En un espíritu de triunfalismo y autocomplacencia, se manejan cifras de problemas solucionados, cuya perdurabilidad en el tiempo jamás se comprueba, por lo que los mismos problemas recurren una y otra vez.
La indiferencia institucional
Los científicos de la gestión de gobierno en Cuba llevan seis años sin un sistema de indicadores que permita evaluar el grado y los resultados de la implementación de la Constitución; tampoco hay evidencias de un estudio consciente acerca del ejercicio, garantía y respeto de cada uno de los derechos en ella consagrados. No se hacen encuestas para sondear la opinión popular, ni se permite que otros lo hagan. La Asamblea Nacional no tiene una comisión permanente encargada explícitamente de estos asuntos y tampoco consta que haya creado comisiones temporales con este fin, a pesar de los evidentes signos de desaprobación por una buena parte del pueblo de la gestión de gobierno y del sistema. En general, no parece haber interés en cuantificar los niveles reales de aceptación y apoyo popular. Esa indiferencia institucional, en especial la del legislativo, solo profundiza el deterioro y la desesperanza de una ciudadanía que, cada vez más, ve sus derechos como meras declaraciones vacías.
La aprobación de leyes que anulan derechos constitucionalmente reconocidos, la unanimidad con que se adoptan los acuerdos, la pasividad ante el deterioro progresivo de la economía y la vida de las personas, así como el silencio ante las violaciones de derechos ciudadanos, evidencian la falta de independencia del legislativo como poder del Estado, o, como mínimo, la ausencia de representación —en este órgano de poder— del patrón de opiniones que caracteriza a la sociedad cubana actual. En ambos casos, esto es consecuencia del sistema de partido único establecido en la Constitución.
La única vía de cambio posible
Un sistema multipartidista por sí mismo no evita que esto ocurra, pero al menos ofrece garantías para intentarlo.
El cambio no llegará desde dentro de un sistema que ha demostrado su resistencia a la transformación. La historia ha evidenciado que los ciclos de imposición, exclusión y crisis no se rompen con simples ajustes, sino con reformas profundas. En este escenario, la convocatoria a una Constituyente no es una alternativa, sino la única vía pacífica posible para refundar el país sobre bases más justas y representativas. La pregunta ya no es si hace falta, sino cuándo el pueblo decidirá exigirla sin más postergaciones.
