Presentado casi como un descubrimiento inmobiliario, el Estado cubano se ha agarrado de un clavo caliente en su desesperación por cubrir el astronómico agujero habitacional que enfrenta el país. Se trata del reciclaje de contenedores marítimos como módulos habitacionales, una inventiva que no es ni remotamente nueva, ni se ha aplicado como solución definitiva a déficits de vivienda en otros lugares del mundo. Abrazada con la pírrica euforia de los tiempos en que Fidel Castro ostentaba sus devastadoras iniciativas, el pasado 12 de marzo Cubadebate publicaba: “¿Vivienda digna o improvisación metálica? La construcción modular llega a Cuba”, una investigación periodística conducida por Oscar Figueredo Reinaldo. Para arrancar, cual necesaria y urgente justificación, el texto reconoce cifras oficiales del fondo habitacional, como, por ejemplo, una “carencia que supera las 800.000 viviendas”.
Apelando al subterfugio de la economía circular en el reciclaje de portadores metálicos, se trata de aprovechar estas unidades de “último uso”, luego de haberse empleado en la transportación de los paneles fotovoltaicos donados por China. Sin especificar en qué circunstancias ni latitudes, Delilah Díaz Fernández, directora general de Vivienda, expresó durante la pesquisa que “en el mundo entero estos contenedores se utilizan para la construcción de viviendas modulares”. Agregando que, para evitar el impacto medioambiental que implicaría su desahucio, “se decidió incorporarlos a un programa constructivo que apoye la política de la vivienda y contribuya a la solución del déficit habitacional”. Acerca de su refuncionalización, establecida como un programa de “alcance nacional”, la funcionaria acotó que “el objetivo es lograr la mayor transformación posible de contenedores y poder entregarlos a la población que lo necesita”.
Para tal adecuación se elaboró un “catálogo de soluciones arquitectónicas”, que contemplan, grosso modo, la ventilación y el aislamiento térmico, apelando a los recursos disponibles en cada localidad para revestimientos interiores, como madera, lamas plásticas, paneles de pladur; así como soportes de bioconstrucción, entre los que se podría disponer de arcilla, bagazo de caña y fibras de cáscara de arroz o aserrín. Según el medio de prensa, se han estudiado unos 3000 posibles emplazamientos para la ubicación de dichas viviendas en todo el país, atendiendo a las regulaciones urbanísticas de cada área. Ello incluye —casi una quimera— acceso a agua potable, conexión al sistema eléctrico, redes residuales, y aceras y accesos viales.
La indagación también se refiere a los destinatarios, ya que semejante ganga tiene prioridades sociales: personas que han perdido sus viviendas por eventos climáticos, familias subsidiadas en la construcción de casas por esfuerzo propio, jóvenes sin amparo filial que alcanzan la mayoría de edad, así como familias de más de cinco integrantes. Hasta la fecha de publicación, apenas se habían concluido 34 unidades habitacionales, siendo Guantánamo la más aventajada en el proceso, seguida de Granma y Holguín. Todos los especialistas consultados para apoyar esta decisión, aseguran que el proyecto no es resultado de improvisaciones, ya que fueron convocados para el mismo la empresa de proyectos del sistema del Ministerio de la Construcción, así como los arquitectos de la comunidad.
Mientras aquí se aplauden la rapidez constructiva y el potencial modular de los contenedores, destacados especialistas internacionales —con décadas de experiencia en la materia— aseveran que convertir un contenedor en vivienda involucra más trabajo y minuciosidad del que en primera instancia pudiera imaginarse. El solo empleo de esmaltes metálicos para la protección interior y exterior del hábitat, aditivos químicos con base de silicona utilizados en el sellado, así como el abundante oxígeno y acetileno necesario en el corte de los vanos, ya representaría un desafío inversionista para la esmirriada economía insular. A ello se suma el gran contratiempo climático. En este sentido, las reservas de los expertos extranjeros se apoyan en la implementación de estos legos arquitectónicos para uso transitorio como hoteles, cafeterías, residencias estudiantiles y oficinas, generalmente en latitudes frías, y considerando que su instauración en zonas tropicales debe ser minuciosamente analizada. Sin transitar apenas por un plan experimental a mediano o largo plazo, donde poder evaluar concienzudamente aspectos como los impactos de descargas eléctricas o de eventos meteorológicos severos, y, mucho más importante, adecuar y estandarizar las soluciones de confort térmico, la producción de “viviendas modulares” en Cuba es ya un hecho.
Sin embargo, el mayor escepticismo ante tal entusiasmo se remonta a 60 años atrás, cuando todos los procesos de diseño y ejecución fueron centralizados por empresas pertenecientes al Ministerio de la Construcción, limitando al extremo la labor del arquitecto y borrando de la faz de la isla el papel de empresas independientes para obras de cualquier naturaleza. Desde entonces, el declive constructivo ha sido indetenible, llegando a dejar prácticamente en manos de futuros inquilinos y de técnicos deficientemente capacitados la fabricación de sus propias viviendas, en lo que se denominó Plan de Microbrigadas. Básicamente centradas en la ejecución del sector residencial, en ellas prevaleció una apurada planificación física, así como otras arbitrariedades que han socavado una mirada positiva a la arquitectura post59.
La redacción de CiberCuba Noticias, del 30 de marzo, expone la matriz de precariedad disfrazada de solución ecológica para la alternativa de los contenedores: “Aunque el discurso oficial resalta que estas edificaciones potencian la ‘eficiencia energética’ mediante aislamientos térmicos y paneles solares, la implementación de tales tecnologías parece una utopía en una isla sumida en apagones interminables y falta de divisas para importar componentes especializados”. Y como abundan los infortunios de factura nacional, hace tres meses el medio independiente CubitaNow, develaba que el gobierno cubano admitió retrasos significativos en la entrega de contenedores modulares, especificando que de los 175 propuestos solo se habían cumplimentado 70, lo que significa el 40% del total. Otro dato relevante, en un contexto marcado por el depauperado poder adquisitivo de la gente de a pie, es que los “beneficiarios” deberán pagar por la “residencia” un monto que ronda los 900.000 CUP, cifra que se encuentra muy por encima del estimado para una vivienda tradicional.
