He leído con atención el artículo de María Ouser “José Martí: excelente poeta, pésimo estratega y un irresponsable de manual”. Del título hablamos luego. Sin embargo, creo que merece una respuesta, no porque Martí sea intocable ni porque discrepar de su pensamiento constituya falta de respeto a la historia de Cuba. Ninguna figura histórica, por relevante que sea, debe quedar al margen del examen crítico.
Ouser es una divulgadora histórica activa en YouTube y redes sociales, dedicada a revisar la historia compartida entre España e Hispanoamérica, con especial interés en episodios como los procesos independentistas. Su artículo formula acusaciones graves y categóricas contra Martí y el independentismo cubano. Precisamente por el alcance que este tipo de textos puede tener en el debate público, y por la contundencia de sus afirmaciones, conviene someterlas a un examen atento: no para cerrar ninguna discusión, sino para impedir que una lectura retrospectiva y unilateral se imponga sin el contraste de los documentos y los hechos.
No pretendo una defensa incondicional de Martí. Tampoco creo que el independentismo cubano estuviera libre de errores, contradicciones o decisiones discutibles. La guerra de independencia tuvo un costo humano y material inmenso; la República de 1902 nació sometida a graves limitaciones de soberanía, y la intervención estadounidense frustró buena parte de las aspiraciones de quienes habían combatido durante décadas.
Todo eso es cierto. Pero reconocerlo no obliga a aceptar que la independencia fuera una aventura irresponsable, que Martí careciera de visión estratégica o que los cubanos no tuvieran capacidad para organizar su propio Estado.
Mi propósito es examinar algunas afirmaciones de Ouser, confrontarlas con documentos y hechos, y preguntarnos si las conclusiones que propone se desprenden realmente de ellos.
¿Fue Martí un traidor a su propio pueblo?
Ouser comienza afirmando: “Por supuesto que sí fue un traidor, pero a su propio pueblo”. Es una acusación de enorme gravedad y, precisamente por eso, exige algo más que una frase provocadora.
¿En qué consistiría esa traición? ¿En haber promovido la independencia? ¿En haber organizado una guerra contra el dominio español? ¿En no haber previsto todas las consecuencias de la intervención estadounidense? ¿En haber defendido una solución republicana que después no pudo realizarse plenamente?
Conviene separar estas cuestiones.
Martí no organizó la independencia cubana para sustituir la soberanía española por la estadounidense. Una de sus preocupaciones políticas centrales fue, de hecho, impedir que Estados Unidos extendiera su dominio sobre las Antillas.
No interpretamos retrospectivamente sus intenciones: tenemos documentos. En la carta a Manuel Mercado, escrita en el campamento de Dos Ríos el 18 de mayo de 1895 —un día antes de su muerte—, Martí formuló con extraordinaria claridad el propósito geopolítico de su lucha:
Impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América.
Y añadió: “Cuanto hice hasta hoy, y haré, es para eso”.
No es una declaración aislada ni la frase de un hombre que ignoraba el problema. Es la explicación de uno de los objetivos centrales de su proyecto político. La independencia de Cuba tenía para Martí una dimensión nacional y otra continental. Comprendía que la posición geográfica de la isla le otorgaba una importancia estratégica extraordinaria y que su eventual anexión o subordinación a Estados Unidos podía alterar el equilibrio del Caribe.
¿Podemos discutir si su proyecto tenía posibilidades reales de alcanzar ese objetivo? Por supuesto. ¿Podemos examinar sus decisiones, alianzas y errores? También. Pero calificarlo de traidor a su pueblo sin explicar cómo se concilia esa acusación con sus documentos políticos es, como mínimo, una conclusión insuficientemente demostrada.
Martí no desconocía al “monstruo”: quería impedir su expansión
Ouser se pregunta cómo un hombre que había vivido en Estados Unidos y había identificado sus tendencias expansionistas pudo ser incapaz de comprender “dónde se estaba metiendo”.
La pregunta contiene una contradicción que merece atención: precisamente porque Martí conocía el expansionismo estadounidense, consideraba urgente la independencia de Cuba.
Su pensamiento no surgió de una ingenua confianza en Washington. Se forjó a partir de la observación directa de la sociedad norteamericana, de sus instituciones, de sus contradicciones y de sus ambiciones continentales.
En la Conferencia Monetaria Internacional Americana de 1891 cuestionó los proyectos de integración económica que podían colocar a las repúblicas latinoamericanas en posición de dependencia. En “Nuestra América”, publicado ese mismo año, defendió la necesidad de que los pueblos del continente conocieran sus propias realidades y construyeran instituciones adecuadas a ellas, en lugar de importar modelos políticos ajenos a sus circunstancias.
Su preocupación no era abstracta. La independencia cubana tenía una función estratégica en el equilibrio del continente.
Por tanto, la acusación de ingenuidad geopolítica no puede sostenerse simplemente señalando que Estados Unidos terminó interviniendo. Para demostrarla habría que explicar por qué el proyecto de Martí —que precisamente buscaba impedir esa expansión— era en sí mismo una invitación a ella.
¿Dónde está el proyecto político que Ouser no examina?
La autora sostiene que Martí actuó con “absoluta soberbia”, sin plan financiero ni estrategia política realista.
Sin embargo, cuando examinamos la organización que construyó, encontramos algo bastante más complejo que una convocatoria romántica a la rebelión.
El 10 de abril de 1892 quedó proclamado el Partido Revolucionario Cubano, concebido para articular a los emigrados, coordinar los esfuerzos dentro y fuera de la isla, reunir recursos, establecer relaciones internacionales y preparar la guerra.
Sus Bases establecían expresamente que el Partido no tenía por objeto “precipitar inconsideradamente la guerra en Cuba” ni lanzar al país a “un movimiento mal dispuesto y discorde”. El artículo tercero planteaba que la guerra debía organizarse con espíritu y método republicanos, con el propósito de fundar una nación capaz de garantizar la felicidad de sus habitantes y cumplir sus responsabilidades en el continente. El artículo cuarto descartaba perpetuar el autoritarismo y la burocracia colonial; proponía, en cambio, fundar “un pueblo nuevo y de sincera democracia”. Y el artículo octavo enumeraba tareas concretas: unir a los cubanos residentes en el extranjero, establecer relaciones con los factores políticos de la isla, divulgar los objetivos de la revolución, reunir fondos y establecer relaciones con pueblos amigos.
¿Es esto un programa financiero completo para administrar una economía moderna? Evidentemente no. Pero tampoco sería razonable exigir a una organización revolucionaria clandestina de finales del siglo XIX un presupuesto estatal detallado antes de iniciar una guerra contra una potencia colonial.
Lo importante es que existía una estructura para reunir recursos, organizar a los emigrados, coordinar voluntades y preparar las instituciones de la futura República. El Partido tenía mecanismos de organización, representación y administración. Martí fue su principal impulsor y delegado, y trabajó para mantener la unidad entre sectores que no siempre compartían las mismas ideas ni los mismos intereses.
La relación con Máximo Gómez y Antonio Maceo no fue un detalle secundario: el proyecto buscaba articular la dirección política con la experiencia militar de quienes habían combatido en la Guerra de los Diez Años. La guerra no debía ser una explosión espontánea de violencia, sino una acción organizada con finalidad política.
Podemos discutir si aquella organización fue suficiente. Podemos señalar sus dificultades. Pero afirmar que Martí carecía de plan sin examinar el Partido Revolucionario Cubano, sus Bases y sus Estatutos es dejar fuera una parte esencial de la evidencia.
La estrategia no se mide solamente por el resultado final
Si Martí era un pésimo estratega, ¿cómo se explica que su proyecto contribuyera a poner nuevamente en crisis el dominio español en Cuba, pese a la enorme superioridad material de la metrópoli?
La guerra iniciada en 1895 no fue una sucesión de enfrentamientos aislados. Los independentistas desarrollaron una estrategia de expansión territorial, desgaste del adversario, interrupción de comunicaciones y destrucción de recursos que sostenían el esfuerzo colonial. La invasión de Oriente a Occidente, conducida por Gómez y Maceo, fue una de las operaciones más importantes de la contienda: extendió la guerra hacia regiones donde España había mantenido un control más sólido y obligó a dispersar fuerzas para defender territorios, poblaciones, ferrocarriles y propiedades.
La historiografía militar no presenta, sin embargo, una victoria mambisa inevitable. Las fuerzas españolas, especialmente bajo el mando de Valeriano Weyler, recuperaron posiciones importantes en el occidente. La intervención estadounidense alteró finalmente el desenlace.
Esta precisión importa. No debemos sustituir una mitología independentista por otra. Los mambises no estuvieron a punto de derrotar de manera irreversible a España en todo momento, ni la victoria militar estaba garantizada. Pero tampoco es razonable reducir su esfuerzo a una aventura sin estrategia.
La guerra demostró que un ejército con menos recursos, problemas de abastecimiento y armamento inferior podía sostener una resistencia prolongada, extender operaciones por buena parte del territorio y obligar a España a un esfuerzo militar extraordinario.
Hay que distinguir, además, entre la estrategia política de Martí y la dirección militar de la guerra. Martí murió el 19 de mayo de 1895. No dirigió las operaciones posteriores de Gómez y Maceo, ni puede atribuírsele automáticamente cada decisión tomada por los mandos militares. Su responsabilidad histórica reside en haber contribuido decisivamente a organizar el movimiento, preparar el levantamiento y darle dirección política. La responsabilidad por las decisiones militares posteriores corresponde a quienes las adoptaron.
Una evaluación rigurosa debe respetar esa cronología.
La destrucción económica: una realidad, pero también una cuestión de responsabilidad histórica
Ouser afirma que los independentistas destruyeron “su propia fuente de riqueza” mediante la quema de ingenios, haciendas y campos de cultivo, dejando a Cuba en bancarrota.
Hay una parte de verdad que no debemos ocultar. La estrategia de guerra económica, particularmente la política de devastación impulsada por Máximo Gómez, buscaba privar a España de los recursos que hacían rentable y sostenible el mantenimiento de su dominio. La destrucción de ingenios, cosechas y propiedades formó parte de esa estrategia. Fue una decisión de enormes consecuencias: provocó pérdidas materiales, afectó a propietarios, trabajadores y familias campesinas, y contribuyó a la ruina de sectores productivos.
Pero hay una pregunta que el artículo de Ouser no aborda: ¿por qué los independentistas consideraban necesario destruir recursos que también serían indispensables para la futura República?
La respuesta está en la lógica de la guerra. Pretendían hacer insostenible la permanencia española. Podemos discutir la eficacia, los límites y el costo humano de esa estrategia. Lo que no podemos hacer es juzgarla como si los independentistas hubieran dispuesto de una alternativa sencilla y pacífica para alcanzar la soberanía. Tampoco podemos atribuir personalmente a Martí todas las decisiones de devastación adoptadas durante una guerra que continuó años después de su muerte.
La destrucción económica fue una consecuencia gravísima de la guerra, pero no puede explicarse exclusivamente como resultado de la irresponsabilidad de un poeta. Además, la economía cubana no quedó en estado de parálisis permanente. La devastación fue profunda, pero durante las primeras décadas republicanas se produjo una recuperación productiva, una expansión azucarera y una transformación de las relaciones económicas con Estados Unidos. Esa recuperación tuvo un precio: la creciente dependencia del mercado norteamericano y la entrada de capital extranjero en sectores estratégicos.
Es legítimo cuestionar ese modelo y sus consecuencias sociales. Lo que no resulta correcto es describir toda la trayectoria económica posterior a 1898 como una simple liquidación de la riqueza nacional. La metáfora de la casa quemada es eficaz. La demostración histórica exige bastante más.
La economía republicana frente a España: un dato que obliga a revisar el relato
Hay un aspecto especialmente importante para responder a la imagen de una Cuba incapaz de sostenerse económicamente después de la independencia.
La autora describe a Cuba como una economía arruinada que, al carecer de recursos propios, terminó inevitablemente entregada a los capitales de Wall Street. ¿Qué ocurrió realmente durante las primeras décadas republicanas? ¿Fue Cuba un territorio económicamente inviable o consiguió convertirse en una economía de considerable atractivo y capacidad productiva?
Los datos disponibles obligan, como mínimo, a matizar esa narración.
En un estudio publicado en 2019 en Cuba in Transition, el economista John Devereux comparó estimaciones del PIB per cápita ajustadas por paridad de poder adquisitivo. Para 1925 situó el ingreso por habitante de Cuba en el 79 % del promedio de Europa occidental, frente al 53 % correspondiente a España. Según esa reconstrucción, Cuba tenía en 1925 un ingreso per cápita superior al español y al italiano, y se encontraba por encima de varios países europeos de ingresos medios.
Conviene explicar la metodología: no se trata de una estadística oficial elaborada en 1925 con los mismos procedimientos actuales. Devereux proyecta las comparaciones de 1955 hacia 1925 utilizando datos del Maddison Project y explica expresamente ese procedimiento. Es, por tanto, una estimación histórica que debe leerse con sus limitaciones. Pero no es un dato que podamos ignorar. Tampoco permite sostener que toda la población cubana vivía mejor que la española: el PIB per cápita es un promedio y no informa por sí solo sobre la distribución de la riqueza ni sobre las condiciones de vida de cada grupo social.
Aun con esas cautelas, el resultado contradice la imagen de una economía incapaz de recuperarse y condenada desde su nacimiento a la indigencia.
Y existe otro indicador revelador: la emigración española hacia Cuba. Entre 1902 y 1933 llegaron a la isla aproximadamente 785 000 españoles, según datos del Migration Policy Institute. Otra reconstrucción señala que, entre 1902 y 1911, Cuba recibió 322 878 inmigrantes, de los cuales el 77,26 % eran españoles: alrededor de 249 000 personas en apenas una década.
No se trata de cifras de población residente ni de inmigración neta: son flujos de llegada. Hubo retornos y diferentes modalidades migratorias. Pero el volumen es significativo. Después de la independencia, Cuba recibió a cientos de miles de españoles que cruzaron el Atlántico en busca de trabajo, negocios o mejores condiciones de vida.
No podemos afirmar que todos emigraran porque Cuba ofreciera mejores condiciones que España. Las decisiones migratorias obedecen a múltiples factores. Pero sí podemos plantear una pregunta legítima: ¿por qué una economía supuestamente arruinada e incapaz de sostenerse atraía a semejante cantidad de trabajadores y emprendedores procedentes precisamente de la antigua metrópoli?
La emigración no demuestra por sí sola la superioridad económica de Cuba, pero constituye un indicador de su atractivo laboral y de sus oportunidades percibidas. Y aquí aparece una contradicción interesante en el relato de Ouser: la Cuba que, según su descripción, no tenía capacidad para administrar su propia economía se convirtió, durante las primeras décadas republicanas, en un importante destino para miles de españoles que buscaban precisamente las oportunidades que no encontraban en su país.
Esto no significa que la República fuera un paraíso económico. La economía dependía excesivamente del azúcar, estaba expuesta a las fluctuaciones del mercado internacional y mantenía grandes desigualdades. La crisis de los años treinta demostró su vulnerabilidad. Pero una cosa es reconocer esas limitaciones y otra muy distinta presentar la independencia como una operación que condenó inevitablemente a Cuba a la ruina.
Los datos de crecimiento, ingreso por habitante e inmigración muestran una realidad más compleja: la República consiguió reconstruir una economía capaz de atraer capital, trabajo e inmigración, aunque esa prosperidad estuviera distribuida de manera desigual y acompañada de una creciente dependencia estadounidense.
¿Era España una alternativa mejor? La otra cara de la administración colonial
Ouser escribe: “España llevaba siglos sosteniendo con su esfuerzo, su administración y su ejército una estructura compleja en ultramar”. Es una afirmación que merece un examen más profundo.
Nadie puede negar que la administración española había construido una estructura institucional en Cuba. Existían autoridades civiles, tribunales, organismos administrativos, infraestructura y una economía integrada en el sistema imperial. Pero presentar esa estructura como un sistema de administración neutral, funcional y beneficioso para los cubanos omite el problema fundamental: Cuba era una colonia y su soberanía no pertenecía a los habitantes de la isla.
La cuestión no era simplemente quién podía administrar mejor determinados servicios. Era quién tenía derecho a decidir el destino político del país.
Durante el siglo XIX los cubanos reclamaron reformas, representación y mayores facultades de autogobierno. Las guerras de independencia no surgieron de un capricho literario ni de una aversión irracional a España. Fueron el resultado de décadas de conflictos políticos, económicos y sociales, de la frustración de proyectos reformistas y de la consolidación de una conciencia nacional.
Tampoco podemos idealizar la administración colonial. La esclavitud, la desigualdad, la discriminación racial, las restricciones políticas y la subordinación de los intereses insulares a las decisiones de la metrópoli formaban parte de aquella realidad.
Hay episodios concretos que impiden presentar el dominio español como una administración que simplemente garantizaba el orden. El 27 de noviembre de 1871 fueron fusilados ocho estudiantes de Medicina de la Universidad de La Habana, acusados de profanar la tumba del periodista español Gonzalo Castañón. La acusación no se sostuvo sobre pruebas que justificaran semejante castigo. Absueltos en un primer juicio, la presión de los sectores más radicales del Cuerpo de Voluntarios condujo a un nuevo proceso y a la condena a muerte. Ocho jóvenes fueron ejecutados en un episodio que se convirtió en uno de los símbolos más dolorosos de la represión colonial.
Tampoco podemos olvidar la represión de La Escalera, en 1844. Bajo la administración de Leopoldo O’Donnell se desarrolló una brutal persecución contra personas negras y mulatas, libres y esclavizadas, acusadas de participar en una supuesta conspiración. Centenares fueron torturadas, encarceladas, deportadas o ejecutadas. La represión alcanzó a figuras de la cultura cubana, como el poeta Gabriel de la Concepción Valdés, Plácido, que fue fusilado.
Y si nos acercamos al final del dominio español, debemos mencionar la política de reconcentración ordenada por Valeriano Weyler. La población campesina fue obligada a abandonar sus hogares y concentrarse en poblaciones controladas por el ejército. Se destruyeron viviendas, cosechas y recursos. La población desplazada quedó expuesta al hambre, las enfermedades y la falta de condiciones sanitarias. Las estimaciones historiográficas varían: un estudio publicado en Journal of Latin American Studies sitúa las muertes y desplazamientos directamente relacionados entre cifras conservadoras de 60 000 y otras próximas a 200 000. No debemos presentar una cifra única como si existiera consenso absoluto, pero tampoco minimizar la magnitud de la tragedia.
Estos episodios no significan que todos los españoles fueran responsables de la violencia colonial ni que la sociedad cubana estuviera libre de sus propias injusticias. Significan algo más concreto: el dominio español no era una estructura de administración benévola que los cubanos destruyeron por capricho. Era también un sistema de dominación política que había recurrido a la represión, la esclavitud, la discriminación y la violencia militar para conservar su autoridad.
La abolición de la esclavitud llegó en 1886, después de un largo proceso de resistencia. La autonomía concedida en 1897 llegó cuando el sistema colonial estaba ya profundamente cuestionado y la guerra se había extendido de nuevo por la isla.
¿Podemos reconocer que la administración colonial tenía capacidades institucionales que una República en formación debía reemplazar? Naturalmente. Pero eso no demuestra que los cubanos carecieran de capacidad para gobernarse ni que la permanencia del dominio español fuera la única alternativa razonable. La independencia no era una elección entre una administración colonial perfecta y una República improvisada. Era una disputa sobre la soberanía, la representación y el derecho de los cubanos a construir su propio orden político.
La República no nació de la nada: el constitucionalismo mambí
Martí no concebía la independencia como el simple reemplazo de una bandera por otra. En las Bases del Partido Revolucionario Cubano encontramos una preocupación explícita por la organización de la futura sociedad. El objetivo no era perpetuar el espíritu autoritario de la colonia, sino fundar una República democrática capaz de integrar a los cubanos y evitar que la libertad política se convirtiera en una nueva forma de dominación.
Esto no significa que Martí hubiera diseñado todos los detalles del futuro Estado. Tampoco significa que las instituciones republicanas posteriores fueran una realización fiel de su pensamiento. Significa que existía una preocupación consciente por la organización política, la representación, la legalidad y el equilibrio entre los poderes.
La historia constitucional cubana del siglo XIX ofrece pruebas concretas. En plena Guerra de los Diez Años, los independentistas aprobaron la Constitución de Guáimaro, el 10 de abril de 1869. Aquel documento organizó una República en Armas, estableció órganos de gobierno y definió una estructura de autoridad política durante la guerra. Posteriormente, en 1895 se aprobó la Constitución de Jimaguayú; en 1897, la de La Yaya.
No eran constituciones destinadas a gobernar un Estado en condiciones normales. Eran instrumentos adaptados a las circunstancias de una guerra. Pero revelan una preocupación constante: evitar que la lucha armada se convirtiera en un poder sin controles políticos. La experiencia de Guáimaro, con sus tensiones entre la autoridad civil y el mando militar, demuestra que los independentistas conocían los riesgos de concentrar el poder. Esas contradicciones reaparecieron durante la guerra de 1895 y contribuyeron a las reformas institucionales posteriores.
No debemos idealizar aquellas instituciones. Su funcionamiento estuvo condicionado por la guerra, la precariedad material y las rivalidades políticas. Tampoco debemos confundir la existencia de una Constitución con la garantía de una democracia futura. Pero resulta históricamente insostenible afirmar que los independentistas no tenían idea de cómo organizar un país cuando llevaban décadas ensayando estructuras de gobierno y elaborando normas constitucionales.
La República en Armas no era un nombre romántico. Era un intento de ejercer soberanía y construir instituciones en medio de una guerra.
La Constitución de 1901: los cubanos demostraron que podían organizar su Estado
Durante la ocupación militar estadounidense, los cubanos convocaron una Convención Constituyente y elaboraron la Constitución del 21 de febrero de 1901. Su preámbulo declaraba que los delegados del pueblo cubano se habían reunido para redactar la ley fundamental de su organización como “Estado independiente y soberano”, estableciendo un gobierno capaz de cumplir sus obligaciones internacionales, mantener el orden, asegurar la libertad y la justicia y promover el bienestar general.
No era una declaración improvisada. El texto organizaba una estructura estatal completa: nacionalidad, derechos individuales, provincias y municipios, soberanía popular, poderes públicos, Congreso, Presidencia, Poder Judicial y Hacienda Nacional. Establecía un sistema legislativo bicameral, regulaba las atribuciones del presidente y del vicepresidente, y reconocía un Tribunal Supremo de Justicia. Incorporaba garantías individuales importantes para su época: igualdad ante la ley, protección frente a detenciones arbitrarias, garantías procesales y límites a la aplicación de la pena de muerte por delitos políticos.
Hay que subrayar el contexto: aquella Constitución se elaboró mientras Cuba permanecía bajo ocupación militar estadounidense. Los cubanos no estaban ejerciendo su soberanía en condiciones normales. Y, sin embargo, fueron capaces de reunirse, debatir, redactar y aprobar una ley fundamental que organizaba la futura República.
Es cierto que la Convención terminó incorporando la Enmienda Platt como apéndice después de la presión estadounidense. Pero eso no invalida la importancia del trabajo constitucional cubano; más bien revela las condiciones de coerción bajo las cuales tuvo que desarrollarse.
La Constitución de 1901 no garantizaba por sí sola el funcionamiento perfecto del Estado. Ningún texto constitucional puede hacerlo. Pero demuestra que existía una élite política e intelectual capaz de organizar jurídicamente una República, establecer sus poderes y definir sus responsabilidades.
Por eso resulta especialmente injusto afirmar que los cubanos no tenían lo necesario para administrar un país. No solo habían elaborado constituciones durante las guerras de independencia. Durante la ocupación estadounidense, cuando una potencia extranjera controlaba el territorio, volvieron a demostrar que podían organizarse políticamente y dotar a la futura República de una estructura institucional.
La pregunta que debería hacerse quien sostiene que los cubanos carecían de capacidad administrativa es sencilla: ¿qué significa entonces la Constitución de 1901?
Cuba y Puerto Rico: dos procesos diferentes y dos desenlaces distintos
La comparación con Puerto Rico aporta elementos interesantes para comprender el desenlace de 1898.
Cuba consiguió constituirse formalmente en República independiente en 1902, aunque sometida a las limitaciones de la Enmienda Platt. Puerto Rico pasó a estar bajo soberanía estadounidense y no alcanzó el estatus de Estado Libre Asociado hasta 1952.
No se trata de negar la existencia de un movimiento independentista puertorriqueño. Puerto Rico tuvo una historia de resistencia anticolonial, desde el Grito de Lares de 1868 hasta las organizaciones separatistas en el exilio y la actividad de figuras como Ramón Emeterio Betances. También tuvo partidos políticos, instituciones y una tradición autonomista. En 1897 España aprobó una Carta Autonómica que concedía importantes facultades de autogobierno. El experimento apenas había comenzado cuando la guerra entre España y Estados Unidos interrumpió su desarrollo.
Pero reconocer esa realidad no obliga a ignorar las diferencias entre los dos procesos. Cuba había desarrollado durante décadas una estructura político-militar independentista considerablemente más articulada. Tenía un Ejército Libertador con experiencia de combate, una tradición de gobiernos insurgentes, varias constituciones aprobadas en plena guerra, órganos de representación y un proyecto republicano que reclamaba reconocimiento internacional.
Puerto Rico no contaba en 1898 con un ejército independentista insular comparable, ni con una República en Armas que ejerciera autoridad sobre territorios y mantuviera una estructura político-militar durante una guerra prolongada. Esa diferencia no significa que los puertorriqueños carecieran de conciencia nacional o de capacidad política. Significa que sus movimientos habían seguido trayectorias distintas y que el proyecto cubano había alcanzado un grado de desarrollo militar e institucional mucho mayor.
¿Tuvo esto importancia en el desenlace? Considero que sí. Estados Unidos se enfrentó en Cuba a una fuerza política y militar organizada que llevaba décadas luchando por la independencia y que no podía ser tratada simplemente como una población colonial sin representación propia.
La diferencia con Puerto Rico, Guam y Filipinas es significativa. Estos territorios quedaron bajo soberanía estadounidense después del Tratado de París, mientras que Cuba, debido también a la Resolución Conjunta del Congreso de abril de 1898, no fue incorporada formalmente como territorio estadounidense.
No debemos atribuir todo el resultado a la existencia del Ejército Libertador. La política estadounidense, los intereses estratégicos y las circunstancias internacionales fueron igualmente importantes. Pero tampoco podemos ignorar que Cuba llegó a 1898 con un movimiento independentista mucho más desarrollado en términos militares, constitucionales y políticos que el existente en Puerto Rico. La diferencia institucional fue uno de los factores que contribuyeron a que la isla siguiera un camino jurídico distinto.
Y esto nos devuelve a Martí: el proyecto que ayudó a organizar no fue una rebelión sin estructura. Fue parte de un proceso de construcción nacional que había comenzado mucho antes de la intervención estadounidense.
El Tratado de París y la intervención estadounidense: ¿fracaso de Martí o imposición de una potencia?
Ouser señala correctamente que Cuba quedó fuera de las negociaciones del Tratado de París de 1898 y que la intervención estadounidense terminó imponiendo condiciones a la futura República. El problema aparece cuando esa realidad se presenta como una consecuencia directa de la irresponsabilidad de Martí.
El Tratado de París fue firmado el 10 de diciembre de 1898 entre España y Estados Unidos. Cuba no participó como parte soberana. España renunció a su soberanía sobre la isla y Estados Unidos asumió su ocupación. La exclusión cubana fue una expresión de la política de una potencia que, pese a haber declarado que respetaría la independencia de Cuba, no estaba dispuesta a reconocer a los representantes de la República en Armas como interlocutores en igualdad de condiciones.
Conviene recordar un dato importante: la Resolución Conjunta aprobada por el Congreso estadounidense en abril de 1898, conocida por incluir la Enmienda Teller, declaraba que Cuba era y debía ser libre e independiente, y que Estados Unidos no pretendía ejercer soberanía permanente sobre la isla. ¿Significaba eso que Washington renunciaba a sus intereses estratégicos? En absoluto. La ocupación posterior y la imposición de la Enmienda Platt demostraron que las declaraciones de independencia podían convivir con una política de tutela.
La Enmienda Platt, aprobada en 1901, estableció condiciones que limitaron severamente la soberanía cubana, entre ellas el derecho estadounidense de intervenir en los asuntos internos de Cuba y la posibilidad de establecer estaciones navales. La resistencia de los constituyentes cubanos fue real, pero las condiciones impuestas por Washington terminaron incorporándose al orden constitucional como requisito para poner fin a la ocupación. La República fue instaurada el 20 de mayo de 1902, pero nació bajo una limitación de soberanía que no puede minimizarse.
Ahora bien, ¿cómo convierte esto a Martí en responsable de la intervención estadounidense? Para sostener esa conclusión habría que demostrar que la subordinación era el resultado necesario de su proyecto y no de las decisiones de una potencia que perseguía sus propios intereses. La diferencia es fundamental. Estados Unidos no intervino en Cuba porque Martí hubiera diseñado un plan para entregarle la isla. Intervino porque tenía intereses estratégicos, económicos y geopolíticos en el Caribe, y porque contaba con la fuerza necesaria para imponer sus condiciones.
La Enmienda Platt no fue eterna: la lucha por recuperar soberanía continuó
El artículo de Ouser presenta la Enmienda Platt como la culminación de una tragedia que habría comenzado con la irresponsabilidad de los independentistas. Sin embargo, la historia posterior demuestra que la subordinación no fue aceptada como un destino inmutable.
La Enmienda Platt fue abrogada en 1934 mediante un nuevo Tratado de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En ese proceso tuvo una participación diplomática destacada Manuel Márquez Sterling, entonces embajador cubano en Washington. La documentación diplomática estadounidense recoge el testimonio de Sumner Welles, quien afirmó que él y Márquez Sterling acordaron personalmente un texto que, con ligeras modificaciones, se convirtió en el definitivo para el tratado de 1934. El artículo primero de ese documento estableció que el tratado de relaciones de 1903 quedaba sin efecto y era abrogado.
No debemos exagerar el alcance de esta conquista. Estados Unidos conservó la base naval de Guantánamo y mantuvo una enorme influencia económica y política sobre Cuba. La derogación de la Enmienda Platt no eliminó la dependencia ni resolvió todos los problemas de soberanía. Pero demuestra algo importante: la historia cubana no terminó en 1902 ni quedó congelada para siempre bajo las condiciones impuestas por Washington. Hubo nuevas generaciones de políticos, diplomáticos y ciudadanos que continuaron disputando los límites de la soberanía nacional.
La historia no es una línea recta que conduce inevitablemente desde una decisión de Martí hasta todos los problemas posteriores de Cuba.
Una crítica histórica debe demostrar lo que afirma
Quiero terminar volviendo al punto de partida.
No tengo inconveniente en que María Ouser cuestione a Martí. Tampoco considero que la admiración hacia nuestros próceres deba impedirnos examinar sus errores. Pero cuando alguien califica a una figura histórica de “traidor”, “pésimo estratega” e “irresponsable de manual”, está formulando acusaciones que requieren una demostración documental y argumentativa proporcional a su contundencia.
En el artículo encontramos afirmaciones sobre la supuesta soberbia de Martí, la ausencia de planificación financiera, la inexistencia de un proyecto institucional, la ingenuidad ante Estados Unidos y la responsabilidad directa del independentismo en la posterior subordinación cubana. Sin embargo, apenas se examinan las fuentes primarias que permitirían comprobar esas afirmaciones. No se estudian las Bases del Partido Revolucionario Cubano, no se analizan sus objetivos financieros y organizativos, no se aborda el constitucionalismo mambí, no se examina la Constitución de 1901 y no se confronta suficientemente el pensamiento geopolítico de Martí con sus propias advertencias. Tampoco se establece una relación causal convincente entre las decisiones de Martí y las condiciones impuestas por Estados Unidos después de su muerte.
La autora tiene derecho a defender una interpretación crítica del independentismo. Pero el lector también tiene derecho a exigir que esa interpretación esté respaldada por hechos, documentos y razonamientos históricos.
No basta con señalar que Cuba terminó sometida a la Enmienda Platt para concluir que la independencia fue un error. Hay que explicar qué alternativas reales existían, qué intereses actuaron, qué decisiones se tomaron y qué posibilidades históricas fueron derrotadas. Tampoco basta con afirmar que Martí fue ingenuo porque no consiguió impedir la expansión estadounidense. Hay que confrontar esa acusación con sus escritos, sus advertencias y el proyecto político que organizó precisamente para evitar ese desenlace.
Y, sobre todo, no podemos confundir el resultado histórico con la intención, la capacidad o la responsabilidad individual de quienes participaron en un proceso que se extendió durante décadas. Martí murió en 1895. No negoció el Tratado de París, no participó en la ocupación estadounidense, no redactó la Enmienda Platt y no estuvo presente en las decisiones que condujeron a la República de 1902.
Podemos discutir si su proyecto tenía suficientes garantías para resistir las presiones de Estados Unidos. Podemos preguntarnos si sus decisiones fueron las más acertadas. Pero atribuirle la responsabilidad directa por todo lo ocurrido después exige una demostración que no puede sustituirse con una metáfora.
No escribo estas líneas para pedir que Martí sea admirado. Escribo para pedir que sea estudiado. Tampoco escribo para convertir a los independentistas cubanos en héroes sin contradicciones. Escribo porque creo que sus sacrificios, sus errores, sus instituciones y sus aspiraciones merecen algo más que una caricatura retrospectiva.
La historia de Cuba no fue una partida de ajedrez en la que un poeta movió mal sus piezas y entregó el país a otro imperio. Fue un proceso político y militar complejo, protagonizado por varias generaciones de cubanos, condicionado por conflictos internos y enfrentado a los intereses de dos potencias.
La independencia no produjo la soberanía plena que sus protagonistas deseaban. Esa es una de las grandes frustraciones de nuestra historia. Pero de ahí no se desprende que luchar por ella fuera una traición al pueblo cubano.
Hay una diferencia entre reconocer que un proyecto histórico no alcanzó todos sus objetivos y afirmar que nunca debió intentarse. Y esa diferencia no es sentimentalismo. Es historia.
A Martí no hay que defenderlo de las preguntas difíciles. Hay que defender la historia de Cuba de las respuestas fáciles.
Fuentes consultadas
Martí, José. Obras completas. Edición crítica. La Habana: Centro de Estudios Martianos, 2016–2019. 29 vols. Edición digital de CLACSO.
Martí, José. “Bases del Partido Revolucionario Cubano”. 1892. En Obras completas. Edición crítica. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
Martí, José. “Carta a Manuel Mercado”. Campamento de Dos Ríos, 18 de mayo de 1895. En Obras completas. Edición crítica. La Habana: Centro de Estudios Martianos.
Cuba. Constitución de la República de Cuba. 21 de febrero de 1901. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.
España. “Real Decreto de 25 de noviembre de 1897 por el que se concede autonomía a las islas de Cuba y Puerto Rico”. Gaceta de Madrid, 1897. Texto reproducido en Andrés M.ª Lazcano y Mazón, Las constituciones de Cuba.
Estados Unidos y España. “Tratado de Paz entre los Estados Unidos de América y el Reino de España”. París, 10 de diciembre de 1898.
Estados Unidos. Platt Amendment. 2 de marzo de 1901. Enmienda incorporada como apéndice a la Ley de Asignaciones del Ejército estadounidense.
Devereux, John. “The Descent of Cuba”. Cuba in Transition 29 (2019). Asociación para el Estudio de la Economía Cubana.
Ward, Marianne, y John Devereux. “The Road Not Taken: Pre-Revolutionary Cuban Living Standards in Comparative Perspective”. The Journal of Economic History 72, n.º 1 (2012): 104–132.
