La regulación comunitaria se impone ante el colapso de la gestión oficial. Foto: Juan Pablo Estrada.

La noticia parece sacada de una ordenanza medieval: Lázaro y César vigilan una esquina de Centro Habana: vecinos les pagan para impedir que tiren basura. El titular proviene de Cibercuba, fechado el 22 de junio de 2026, donde se aborda la faena de dos ciudadanos para custodiar una esquina de Centro Habana próxima a la calle Zanja, y que fue hasta hace poco uno de los vertederos improvisados más grandes del municipio. Abundando en detalles, Enrique de la Osa, fotorreportero a cargo de la entrega, recoge las impresiones de los dos guardianes populares encargados de redireccionar a los vecinos y sus desechos hacia puntos concertados para el depósito de basura. En caso de que se incumpla con tal regulación, los infractores deberán pagar una multa de hasta 50 000 pesos. Todo esto sucede muy cerca de una estación de la policía, escenario que evidencia la falta de autoridad oficial ante semejantes asuntos, pero en nombre de la cual, por mucha displicencia que muestre la institución encargada del orden, se intenta penalizar a los contraventores. Lo anterior constituye una regresión, valga la paradoja, con todas las de la ley.

Cualquier forma de persuasión es poca: «cámara de vigilancia arriba». Foto: Juan Pablo Estrada.

Este panorama de autogestión ciudadana se explica por el quiebre de la capacidad gubernamental para ocuparse de tan acuciante trastorno, fenómeno que lleva varios años a la deriva, y que terminó colapsando durante el año en curso. Más adelante, el medio ofrece datos que evidencian esta realidad: “Desde febrero, solo 44 de los 106 camiones recolectores de la capital estaban operativos por falta de diésel y deterioro mecánico, lo que deja sin recoger hasta 23 814 metros cúbicos de residuos cada día en una ciudad que genera entre 24 000 y 30 000 metros cúbicos diarios”.

A los 20 plantas de Cayo Hueso también llegó la iniciativa. Foto: Juan Pablo Estrada.

Las cifras, que en el caso del parque automotor representan el 41% de los vehículos operativos, reflejan un significativo déficit en la totalidad de los municipios capitalinos, con particular afectación para Centro Habana, el municipio más pequeño y densamente poblado del país. Ejemplo de ello fue la cordillera de basura que obstruyó la intersección de las calles San José y Escobar a mediados de junio del año en curso. Otros casos, ampliamente aludidos por usuarios de Facebook y publicaciones independientes, denunciaron el parapeto de inmundicias en el entorno inmediato de varias iglesias de la localidad, como la ubicada en los alrededores de Zanja y Dragones; la de Nuestra Señora de Monserrat, en Galiano y Concordia; o la de San Judas, en Tenerife y San Nicolás —quizás el caso más lamentable, a punto de arder en dos ocasiones por la cremación de desperdicios amontonados contra sus paredes—.

Bandas de nailon con las siglas de la PNR se prestan para imponer la autoridad. Foto: Juan Pablo Estrada.

Lo que constituye un abismo de insalubridad imposible de normalizar, ya que se ha cobrado numerosas víctimas por enfermedades —el país cerró 2025 con un estimado de 81.909 registros oficiales de dengue y chikungunya y 65 fallecidos, datos que The New York Times relacionó directamente con la crisis en el manejo de residuos—, también exhibe un deplorable espectáculo de niños y ancianos disputándose restos de alimentos para comer. Estas circunstancias han compulsado a los vecinos a buscar alternativas distintas de la incineración, cuyos efectos, en muchos casos, son tan o más perjudiciales que la descomposición de los basurales a cielo abierto. Pero como la cuantía del volumen vertido continúa siendo la misma, con la reubicación de los puntos de recepción solo se evita la dispersión y extensión de los vertimientos en cada esquina, algo que no resuelve la problemática estructural del fenómeno, aunque ayuda a vigilarlo.

Ahora que se ha ganado esta batalla, más vale no dormirse en los laureles. Foto: Juan Pablo Estrada.

En un post de Facebook colgado el 6 de agosto, el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció que los moradores de la calle Industria entre San Martín y San Rafael, se vieron en la imperiosa necesidad de pagar de sus bolsillos a los trabajadores de Servicios Comunales para que los priorizaran en la eliminación de la basura acumulada durante semanas en la zona. Resultando ineficiente la conexión a internet durante más de quince días en el área, aspecto incluido en el reclamo de la publicación, a los vecinos les resultó imposible desatar a tiempo la alarma en las redes sociales. La cercanía a espacios públicos de gran notoriedad, como en el caso de la calle Industria y San Rafael con el boulevard y el Capitolio —sede del Parlamento—, no son suficientes para atajar semejante desmadre. Sin embargo, en muchos vertederos, la falta de estructura, y fundamentalmente de recursos, conlleva a que pocas horas después de las limpiezas nuevos desechos comiencen a cimentar la siguiente montaña de desperdicios. Así lo refiere Perla Rosales Aguirreurreta, directora adjunta de la Oficina del Historiador de La Habana, aludiendo específicamente a uno de estos amontonamientos en la calle Obrapía, afectando a una sala de conciertos, el Tribunal Supremo y la sede del Partido Municipal, ubicados en el consejo popular Plaza Vieja. Oportunamente, la funcionaria hace notar que los vecinos exigen horarios específicos y regulares para la recolecta, más contenedores y la presencia de inspectores que normalicen este proceso. Una planificación infructuosa, estipulada desde noviembre del pasado año, fue la obligación gubernamental de sacar la basura directamente al camión recolector después de las 7:00 p. m., medida que confronta la programación individual de los usuarios.

Ante la discapacidad del Estado para dar soluciones efectivas —hecho reconocido por el designado presidente del país en diciembre pasado—, la revancha ciudadana contra este flagelo se ha reproducido en numerosos vecindarios habaneros, como los del Casino Deportivo o Palatino, en el Cerro. En circunstancias que se creyeron superadas a lo largo de siglos, las reminiscencias medievales retornan a una Habana que llegó a alcanzar los índices más elevados de salud y bienestar social, incluso dentro del pasado período revolucionario. Cuando la carestía de la vida ha dejado a la inmensa mayoría de la ciudadanía en situación de pobreza, aflojar 50 000 pesos de los menguados bolsillos equivale a cualquier escarmiento corporal, una penitencia comunitaria autoinfligida a tono con el distópico desastre que padecemos en la isla.

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