Pedro González Llorente (retrato publicado en El Fígaro, 22 de diciembre de 1912).

El 19 de mayo de 1827 nació en Trinidad, en la actual provincia de Sancti Spíritus, Pedro González Llorente y Ponce de León. Por ser tres meses y unos días mayor que Salvador Cisneros, sería el delegado de más edad elegido a la Convención Constituyente de 1900-1901. Más allá de esta circunstancia, pocas similitudes existían entre ambos ancianos. Cisneros tenía un temperamento rebelde, era un liberal de tendencias radicales y arrestos revolucionarios. González Llorente era profundamente conservador, respetuoso de la tradición y las jerarquías ancestrales en cuya vigencia creía. Ambos, sin embargo, desde principios opuestos, compartirían la misión de plantar los fundamentos jurídicos de la futura República cubana.

Venía González Llorente de una familia que había guardado siempre incuestionable lealtad a la corona española. Su padre, José González Llorente y Rodríguez Peñuela, tiene su propio sitio en la historia, pero de Colombia. Fue protagonista involuntario de un episodio que se inscribe dentro de los mitos fundacionales del país, conocido como “El florero de Llorente”.

En 1810, tras la abdicación de Fernando VII, forzada por Napoleón, en los dominios españoles comenzaron a crearse juntas de gobierno local. Las juntas solían estar compuestas por miembros de las élites regionales. En América esto significaba que muchos criollos podían ver ampliados sus poderes más allá del límite de los cabildos. En el caso de Nueva Granada, el virrey se oponía a permitir que se creara la junta. Las élites criollas decidieron elaborar un plan para desatar una revuelta popular que forzara al virrey a aceptar sus demandas. Ahí entró en la historia, sin habérselo buscado, el desafortunado José González Llorente.

Había nacido en Cádiz en 1783 y al parecer tenía parentesco que lo relacionaba con Cuba. Era un rico comerciante y se había establecido en Santa Fé de Bogotá desde hacía unos años. Ahí contrajo matrimonio con María Asunción Dolores Ponce de León y Lombada, madre de nuestro Pedro y, según dicen, descendiente del descubridor de La Florida. Tenía el gaditano un establecimiento comercial en la Plaza Mayor de la capital neogranadina y fama de mal carácter y poco afecto por los criollos. Por eso se convirtió en la pieza central del plan de estos para desatar una revuelta popular.

La idea era buscar una confrontación pública con Llorente que permitiera a los criollos agitar a la masa concurrente en contra de los españoles. Para ello aprovecharon la visita de otro criollo que provenía de la Capitanía de Quito. Traía, precisamente, la misión de presionar al virrey para la creación de una junta en Bogotá. El primer grupo acudiría al establecimiento de Llorente para pedirle prestado un florero con vistas a la celebración de un banquete en honor del visitante. Los demás estarían dispersos por la concurrida plaza, en pleno día de mercado, para exaltar a la población en cuanto hubiera oportunidad. Se esperaba que Llorente se negara en malos términos al préstamo y con este pretexto se desataría la trifulca.

En este punto existen varias versiones. En la que se encuentra en la web del Archivo de Bogotá, Llorente se negó, en efecto, a prestar el florero, pero en términos corteses. Los criollos se las tuvieron que ingeniar para sacarle las cosquillas, pero finalmente consiguieron la agitación que buscaban. La revuelta del 20 de julio de 1810 fue un hito importante en el proceso de la independencia de la futura Colombia. Del pobre Llorente, vale decir que quedó muy mal parado. Perdió buena parte de sus bienes y tuvo que huir de la ciudad. En 1815 se estableció por un tiempo en Cuba. Luego de la pacificación de Nueva Granada regresó a Bogotá. Ahí fue regidor y en 1817 lo nombraron ministro contador de la Real Casa de Moneda. Un alto cargo que debía supervisar y llevar el registro exacto de la contabilidad y la producción de monedas en las cecas de la corona.

En 1819 tuvo que regresar a Cuba huyendo de los independentistas neogranadinos una vez más. Desempeñó varios cargos en la administración española y en 1827 nació su hijo Pedro en Trinidad, como ya vimos. En 1850 o 1854 falleció, hasta donde sabemos, en la ciudad de Puerto Príncipe, hoy Camagüey.

En cuanto a Pedro, desde muy joven su padre encontró que tenía dotes intelectuales de gran valor. Fue enviado a formarse académicamente a España desde 1844. Obtuvo el grado de Bachiller en Jurisprudencia por la Universidad de Salamanca en 1848. A los pocos meses ya era académico supernumerario de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Sevilla. En la Universidad de esa misma ciudad obtuvo el grado de Licenciado en Derecho Civil y Canónico en 1851. Ejerció la profesión de abogado en España durante algún tiempo, hasta que la muerte de su madre le obligó a regresar a Cuba. Debía encargarse de los asuntos y propiedades familiares.

En Trinidad fue nombrado promotor fiscal en 1855, pero no tardó mucho en establecerse en La Habana. Ahí estableció su bufete y comenzó una larga y próspera carrera como abogado. En 1859 contrajo matrimonio con una sobrina suya, hija de una hermana de su madre. La boda se celebró en la Villa de Guanabacoa y para poderla efectuar hubo de pedir una dispensa especial al propio Papa.

A lo largo de los años fue ganando fama de erudito al mejor estilo del humanismo cristiano. Hablaba varios idiomas, cultivaba la poesía y la oratoria, acumulaba una amplísima biblioteca que a su muerte fue adquirida por la Biblioteca Nacional. Era, como su padre, profundamente religioso y su catolicismo, según él mismo afirmaba, era una parte definitoria de su personalidad. Eso sí, su lealtad a España fue incuestionable a lo largo de su juventud y de buena parte de su madurez. Tanto es así, que después de la Guerra de los Diez Años, con la creación de los partidos políticos, se afilió a Unión Constitucional. Se trataba del partido integrista, el enemigo de cualquier fórmula que permitiera la independencia o aumentara la autonomía de la isla.

En este sentido, fue nombrado magistrado de la Audiencia de La Habana en 1882. De 1883 a 1885 fue alcalde de la ciudad. En 1887, ya era el presidente de la Audiencia Provincial. Por estos servicios el Rey Alfonso XII le concedió la Gran Cruz de Isabel la Católica.

En ese punto, su carrera no podía ser más brillante. Desde hacía años era miembro de la Sociedad Económica de Amigos del País. Durante un tiempo fue presidente del Ateneo de La Habana. Había sido fundador y decano del Colegio de Abogados de esa ciudad. Entre su clientela como abogado había contado con grandes compañías como la del Banco Industrial de La Habana o el Ferrocarril de Villanueva. En 1891 se hizo célebre por haber conseguido la absolución de dieciséis obreros en una causa criminal muy publicitada entonces. Se cuenta que, en agradecimiento, más de 4000 obreros asistieron a su casa a celebrar su santo. Le entregaron un diploma en el que lo nombraban “defensor de los obreros”.

Ya en estos años se operaba un cambio en González Llorente y en muchos de los miembros de su grupo político. Dentro de Unión Constitucional surgió un grupo de tendencias reformistas. Era evidente que la isla necesitaba cambios y el partido no iba en la dirección correcta. Así surgió el Círculo Reformista al cual perteneció González Llorente, que de ese modo acercaba posiciones respecto al autonomismo. Había dos grandes temas a tratar en ese momento. Por un lado, la necesidad de establecer una relación comercial ventajosa con el principal mercado de la economía cubana: los Estados Unidos. Por el otro, emprender una reforma política que permitiera enfrentar los retos del país sin necesidad de acudir a la independencia.

En 1893, González Llorente pronunció un discurso en el Círculo Reformista que alcanzaría cierta notoriedad. En él, pronosticaba la futura independencia de Cuba como necesidad de la ley histórica. El punto era determinar en qué condiciones se produciría y de qué manera serían capaces de manejar ese tránsito las autoridades de la Corona. No tendría que esperar muchos años para tener su respuesta. La incapacidad para acometer las reformas necesarias llevó a la isla a una rebelión frontal.

Su acercamiento a las posiciones más cercanas al independentismo fue paulatino, pero constante. En 1899 el gobierno interventor de John R. Brooke lo designó para el cargo de magistrado del Tribunal Supremo. Por primera vez, Cuba tendría un tribunal de esta categoría. En su composición se había tenido en cuenta un grupo de factores. En primer lugar, el prestigio profesional de sus miembros. Todos eran juristas de primer nivel, con destacadísimas carreras. En segundo lugar, la representatividad geográfica. Se había procurado escoger magistrados que, en su conjunto, tuvieran conexiones con todas las regiones o provincias del país. En tercer lugar, la diversidad política. En el tribunal estarían presentes las tendencias políticas fundamentales de los años previos. Algunos de sus miembros habían manifestado lealtad a España hasta fecha muy reciente. Otros habían sido decididos independentistas, algunos de los cuales contaban con una hoja de servicios destacada en la manigua.

González Llorente representaba y expresaba una realidad dentro de la sociedad cubana. El sector castizo, conservador, tradicionalista, que también merecía su espacio en la futura república. A pesar de sus antiguas lealtades, declaraba que Cuba era su patria, en primer término. Que a ella y a sus intereses se mantendría fiel sin importar las circunstancias cambiantes. También decía ver en Colombia su segunda patria. La tierra de su madre, aunque su familia no hubiera salido en muy buenas condiciones de ella.

En todo caso, el hecho consumado de la independencia lo encontró dispuesto a continuar en el servicio público. En 1900 fue elegido a la Convención Constituyente por su provincia natal junto a todos aquellos independentistas furibundos de José Miguel Gómez. En la Convención, por su edad, fue el primero de los delegados en ocupar la presidencia de la mesa. Su participación en los debates es tema para otro lugar, pero en ellos tuvo intervenciones frecuentes.

Falleció en La Habana, el 5 de julio de 1905, siendo todavía magistrado del Tribunal Supremo. El Congreso lo había confirmado en el cargo en una fecha reciente.

 

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