Últimamente me ha dado por conversar con Copilot, la IA que he escogido como compañía. En una de las más recientes experiencias, le compartí una vivencia relacionada con el texto “NI DE DERECHO, NI DE JUSTICIA SOCIAL”, que publiqué como parte de la protesta del 18 en octubre de 2024. En ese texto declaré, y argumenté, que en Cuba hay un “Estado de Derecha socialmente injusto”.

Resulta que alguien del aparato ideológico, al leer el texto, dictaminó que se trataba de un análisis sesgado, resultado del meticuloso reciclaje de los mismos manuales que llevan décadas interpretando a conveniencia. Según el lector, este tipo de análisis responde a un pensamiento plegado a los intereses de Washington contra la Revolución y se hace por partidarios de la anexión de Cuba al país norteño.

Al principio, la conversación con Copilot giró alrededor de la definición de sesgo. Sin embargo, curioso como es, preguntó por los contra argumentos. Al decirle que fueron varios, ni corto, ni perezoso, me expuso los posibles contra argumentos prácticamente en el mismo orden en que fueron citados por el lector. Ante tal sorpresa, con un toque de sarcasmo le pregunté si estaba presente mientras yo escuchaba la exposición del lector. Esta fue su respuesta y cito: “¡Jajaja, Madelyn! No estuve presente, pero con estos discursos, es como si tuvieran un libreto fijo. Uno ya sabe en qué momento van a soltar el ‘bloqueo’, cuándo viene la acusación de ‘anexionismo’ y el clásico ‘todo está mal en todas partes’. Es como ver una película cuyo guion no cambia, solo los actores”.

Sesgo

Según la RAE, sesgo es el error sistemático en que se puede incurrir cuando al hacer muestreos o ensayos se seleccionan o favorecen unas respuestas frente a otras. De acuerdo con el discurso oficial, sin importar el tema, cualquier análisis sobre Cuba es sesgado si no menciona el bloqueo.

Curiosamente, los mismos que aseguran que las sanciones de EE.UU. son la principal causa del desastre que hay en Cuba, sin aportar datos del daño ocasionado por otras causas, son los que adjetivan estos análisis como sesgados. Es decir, se critica el supuesto sesgo desde un sesgo aún mayor.

De esta manera, la palabra se usa como escudo para desviar la atención y blindar la narrativa oficial contra cualquier examen crítico. Ni siquiera se intenta rebatir lo expresado; simplemente se cambia el tema sin el más mínimo intento de justificación. Paradójicamente, quienes acusan a otros de sesgo aplican un criterio selectivo: exigen datos y pruebas sólo cuando el argumento desafía su visión, pero apelan a afirmaciones sin sustento cuando defienden la suya.

Este caso, como casi todos, es clásico de narrativas que, cuando el argumento no puede ser refutado con hechos, se recurre a la descalificación personal, incluso sin conocer al “mensajero”. La acusación no busca corregir errores metodológicos, sino reducir el debate a una cuestión de lealtades. Si no mencionas el bloqueo como causa central, el análisis no tiene valor alguno. No es una acusación por falta de rigor, sino por desafiar la narrativa oficial.

En realidad, es una reacción a la incomodidad que genera un análisis ajeno a su marco de pensamiento. A menos que haya una distorsión evidente de los hechos o una selección arbitraria de datos para manipular una conclusión, que no es el caso, la acusación de sesgo responde a una estrategia para desacreditar el argumento sin confrontarlo de manera directa.

Podría pensarse que se trata de diferencias en el enfoque. ¡Nada más alejado de la realidad! Este tipo de respuestas asume, y pretende imponer, que cualquier crítica al sistema responde a una agenda externa, invalidando la capacidad individual de razonamiento, cual si de animalitos se tratara. Es una táctica que no confronta el argumento, sino que lo encierra en una celda retórica donde sólo importa quién lo dice, y no qué dice. En este libreto, no importa la verdad del argumento, sino la lealtad del que lo pronuncia. Porque en el juego del discurso oficial, pensar por cuenta propia es la mayor transgresión.

Mercenarios

Según la narrativa oficial, cualquier pensamiento contrario es una ficción inventada para hacerle daño a la Revolución. Para colmo, emitir esos pensamientos contrarios requiere una compensación monetaria proveniente de Washington. Por tanto, su portador no es más que un detestable “mercenario” que recibe un pago por expresarlo. No importa si ese portador vive pasando más trabajo que un forro de catre, como la mayoría creciente de los cubanos. La cosa se complica, si el mismo ha tenido contacto con la diplomacia extranjera, especialmente la estadounidense.

Los creadores de tal narrativa, y quienes la repiten como papagayos, parecen no haber consultado jamás el diccionario o, simplemente, decidieron torcer la definición de este término. Resulta que mercenario es cualquiera que haga un trabajo por el salario que le pagan; es decir que, tanto creadores, como papagayos caen en la definición de mercenario.

La excusa del contacto con diplomáticos extranjeros es otra obra de arte. Resulta que los cubanos, como parte de su trabajo, también se reúnen con representantes de la sociedad civil y de partidos de oposición en los países donde ejercen como diplomáticos. Sucede que en Cuba, autodenominado estado de derecho, no se permiten partidos de oposición y cualquier intento cívico de ejercer la soberanía popular es burdamente reprimido y criminalizado. Mientras tanto, en la práctica, los diplomáticos cubanos se reúnen en el extranjero con opositores de otros países sin que nadie les llame mercenarios.

En ausencia de pruebas, el uso de tal etiqueta constituye delito de calumnia, que se agrava con la divulgación a través de medios masivos de difusión, con lo que se incurre en otro delito, la difamación. ¿El objetivo? El descrédito público de los portadores de esos pensamientos contrarios, para evitar la aparición de posibles líderes que puedan poner en riesgo al poder, al hacer caer las vendas que aún quedan en los ojos de algunos cubanos.

Anexionistas

“Si no estás con la Revolución, entonces sólo puedes ser anexionista”, clásico pensamiento binario diseñado para que la única opción aceptable sea la que ellos proponen. ¡O es guate mala, o es guate peor!: un falso dilema diseñado para reducir la complejidad del pensamiento crítico a una decisión de supervivencia: aceptar el sistema o ser condenado al ostracismo. No hay espacio para otras opciones, porque ellos son los que saben lo que necesitamos.

¡Pero esta historia es más larga! Ni los que más defienden el oficialismo son revolucionarios, ni todos los opositores son anexionistas. Revolucionario es antónimo de conservador y, por transitividad, también lo es de continuista. El único indicio de que lo que hay Cuba es revolución es la capacidad de repetir ciclos de miseria, represión y desesperanza, como si la única herencia revolucionaria fuese el eterno reciclaje de la ruina. Por tanto, defender algo que oprime, pretender resultados distintos haciendo lo mismo, desentenderse de las penurias de un pueblo, es cualquier cosa, menos ser revolucionario.

Abogar por un cambio de régimen en Cuba no implica ser anexionista; tampoco es ceder a los designios de ninguna potencia extranjera. Es, simplemente, reconocer con honestidad que el modelo político-económico imperante es incapaz de garantizar la unidad nacional, de generar justicia social, bienestar y progreso y de garantizar el goce y ejercicio plenos de los derechos individuales que se espera de un estado de derecho.

Como el resto, la etiqueta de anexionista apela a un sentimiento nacionalista, que cada día es más escaso. No es ético, moral, racional, justo y mucho menos humano, mantener a capricho un sistema que ahoga en penurias a la mayoría y que, de continuar, provocará la destrucción de la nación misma. No es el país lo que defienden, sino su dominio sobre él. La soberanía nacional no es su prioridad, sino su excusa.

Pueblo

En 2019 se aprobó la Constitución vigente por el 78,3% de los cubanos con derecho al voto, después de una campaña únicamente por el SI dirigida a un pueblo desconocedor de sus derechos como seres humanos y cívicamente anulado por décadas de adoctrinamiento y desinformación. Hoy, luego de seis años, un ordenamiento que empobreció aún más al pueblo, unas protestas masivas y un éxodo sin precedentes, se acude una y otra vez a tal cifra, como muestra de apoyo popular.

Ni una sola vez se ha visto publicado estudio alguno acerca de la percepción popular acerca de la gestión integral de gobierno. Tampoco hay sondeos independientes, porque la única estadística permitida es la que reafirma el guion.

Quienes dicen aplicar ciencia a la gestión de gobierno, esgrimen los millones de cubanos que asistieron al desfile por el 1° de mayo, como evidencia de respaldo popular. “¡A nadie se obligó!” Y debe ser cierto. Amenazar a alguien con posibles consecuencias si no asiste es coacción, pero cada quién tiene la capacidad de ceder, o no, a esas amenazas. La asistencia no mide adhesión, sino capacidad de cálculo: cuántos pueden darse el lujo de desafiar las amenazas y cuántos prefieren no arriesgarse.

Usar esa participación como indicador de respaldo es hipócrita, más que autocomplaciente. Y no por las motivaciones o los sentimientos de quienes asistieron, sino por la imposibilidad de marchar con el objetivo contrario. Allí están las brigadas de respuesta rápida para usar el derecho que otorga el 4° párrafo del artículo 4 de la Constitución, y transformar cualquier manifestación en un caos público, por el que luego sólo se condena a los manifestantes opositores. Allí están desde la orden de combate de Díaz-Canel el 11 de julio de 2021 y sus más de mil presos, muchos de ellos condenados por sedición, hasta la más reciente y escandalosa farsa penal contra Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, quienes fueron interceptadas cuando se dirigían al lugar, donde solas y sin convocar a nadie más, pretendían manifestarse.

Esto es lo mismo que asegurar que el embargo es la principal causa de todos nuestros males; se aportan cifras de uno, entre varios elementos, mientras ni siquiera se considera el resto. Respaldo popular dicen tener, pero no se atreven a asegurar el derecho de manifestación pacífica de sus contrarios en las calles, ni se arriesgan a perder un ápice de poder, que implicaría transitar a un sistema multipartidista, donde el pueblo vote directa y libremente para elegir a su presidente.

Afuera es peor

Si se protesta por la falta de alimentos, los niños de África están muriendo de hambre; si se protesta por los apagones, ¡mira!, en Europa también ocurren; si se protesta por la brutalidad policial contra manifestantes, se han visto peores episodios de represión policial, incluso en Europa; si se dice que en Cuba hay una dictadura, nosotros no hemos visto cadáveres en las calles como en Chile y, por tanto, no sabemos de qué estamos hablando.

Esta narrativa pretende justificar el desastre interno y la incapacidad de los gobernantes para solucionarlo. Su esencia es desviar la atención del asunto sujeto de crítica, a la vez que pretende generar un sentimiento de vergüenza en quienes protestan.

Que en África haya hambruna, no justifica la crisis alimentaria en Cuba; un apagón eventual en cualquier otra parte, no tiene relación alguna con la crisis del sistema eléctrico cubano; que la policía en otras partes reprima con más violencia no significa que sea correcto y tampoco justifica que aquí se haga.

La afirmación de que la policía es un cuerpo represivo es falsa en su esencia. La función de los cuerpos policiales es preservar el orden interior y proteger a los ciudadanos y sus propiedades, lo que incluye garantizar el ejercicio de sus derechos individuales dentro de límites legalmente establecidos. La ausencia de normas legales que regulen esos límites, muy conveniente para los que ostentan el poder, es una de las fuentes de las tantas arbitrariedades que se cometen en nombre de la preservación del orden interior y la tranquilidad ciudadana. La garantía de derechos no puede depender de la buena voluntad del poder, sino de la existencia de mecanismos legales que los materialicen.

En Cuba, la Constitución hace promesas, pero la ley nunca llega, dejando todo a la discrecionalidad de quienes ostentan el poder. Para ciertos diplomáticos, un artículo en la Constitución es suficiente para hablar de avances, aunque en la práctica no haya forma legal de ejercer esos derechos sin represión. ¿Se puede llamar progreso a algo que existe sólo en el papel? Los derechos que no pueden ejercerse son simples retórica.

La culpa

Según el discurso oficial cubano el bloqueo, la crisis global, los ríos congelados, incluso, hasta el pueblo es culpable de su incompetencia; todo, excepto su corrupción, su mala gestión y la ausencia de voluntad de cambio. No tengo idea de cuánta gente vive de estimar el costo del embargo, mientras califican como errores, los horrores cometidos, una y otra vez, en política económica, en un intento por minimizar sus efectos y no reconocer la necesidad de cuantificarlos. Aunque no todo ha salido a la luz pública, la lista de estos horrores es bastante larga, pero no es objetivo de este texto mencionarlos.

Todo esto sucede en medio de escándalos de corrupción al más alto nivel y de demandas en curso en cortes internacionales por impago de deudas, temas de los que se evita hablar en la prensa oficial. La guinda del pastel es la falta de transparencia, teniendo como máximo exponente al conglomerado GAESA, que maneja más del 70% de la economía cubana, incluyendo el control del 95% de las finanzas nacionales, sin estar sujeto a auditorías de la Contraloría General de la República.

Cada vez con más frecuencia, el discurso admite la comisión de errores aparentando el ejercicio de la autocrítica. Tal reconocimiento queda vacío al no acompañarse del costo económico, social y político de cada error, ni de consecuencias para quienes los cometen, ni de los cambios estructurales necesarios para enmendarlos. En lugar de ello, cada fallo se justifica con excusas y comparaciones con otros sistemas que supuestamente están peor, apelando a la idea de un proceso revolucionario que siempre está en construcción, aunque lleve décadas repitiendo los mismos fracasos.

Poder popular

Probablemente la mayor de las falacias del discurso oficial pretende vender la idea de un gobierno popular y participativo, mientras las decisiones clave se toman sin consulta real con el pueblo, en el reducido marco de los catorce integrantes del Buró Político del único partido autorizado. Los procesos de consulta popular previos al referendo constitucional y el Código de las Familias fueron simples puestas en escena. No hubo oportunidades de expresión en medios de difusión masiva para los detractores de ambos proyectos, asegurando que sólo hubiera campaña por una opción. Más que consultas, fueron mecanismos diseñados para simular participación sin permitir la disidencia.

La soberanía popular y los derechos de participación ciudadana que puedan implicar cambios, existen únicamente en los artículos 3 y 80 de la Constitución, respectivamente. Un entramado legislativo diseñado meticulosamente, convierte la participación ciudadana en algo menos que una quimera, dejando como opciones la nominación, elección y revocación de los delegados a las Asambleas Municipales, la validación de los candidatos a diputados nominados por las Asambleas Municipales y el escuchar explicaciones, casi nunca soluciones, a sus planteamientos en la rendición de cuentas de sus delegados.

Los procesos electorales están diseñados para perpetuar el mismo esquema de poder y a las mismas personas ocupando altos cargos, sin importar los resultados de su gestión. Por si fuera poco, un Código Penal totalitario, que protege al sistema por encima de los bienes jurídicos individuales y colectivos, contradictorio en varias partes de su propio articulado y respecto a la mismísima Constitución, se usa como herramienta para criminalizar y reprimir cualquier intento ciudadano de ejercer esos derechos de participación.

Cada argumento del discurso oficial no esclarece, desvía; no busca soluciones, justifica la inacción. Cuando la resistencia es impuesta, la espera es exaltada como estrategia y la obediencia se presenta como la única opción legítima, lo que queda no es una nación en lucha, sino una sociedad sometida a un destino ajeno.

La resistencia, la espera, el miedo y la desconfianza han sido diseñados como diques contra cualquier intento de autonomía popular. Han convencido a muchos de que el poder tiene que reconocer su propia incapacidad y marcharse por voluntad propia, ignorando que el poder nunca se entrega, se arrebata. Mientras la espera prolonga el sometimiento, el destino del país sigue en manos de quienes lo han secuestrado.

Si el poder no se irá por sí solo y la resignación solo prolonga el sometimiento, ¿qué hará el pueblo con esta certeza?