En la percepción más común, la seguridad se asocia con la ausencia de peligros para la integridad física. Sin embargo, ¿es eso suficiente para sentirnos seguros?
Como cualidad de seguro, el diccionario de la RAE incluye: la ausencia de peligro, como invulnerabilidad, protección, amparo, defensa; la ausencia de duda, como certeza; la imposibilidad de fallo como confiabilidad, credibilidad; de una construcción, como consistencia, estabilidad, resistencia; y al obrar, como decisión, resolución, confianza, tranquilidad.
En un contexto donde la inseguridad toca cada rincón de la vida, ¿qué significa realmente vivir seguros?
Vivir en seguridad implica sentir bienestar, como estado palpable del buen funcionamiento de la actividad física y mental. Esto sólo es posible si se satisfacen todas las necesidades humanas, que, según el psicólogo Abraham Maslow, incluyen las fisiológicas, de seguridad, de afiliación y amor, de reconocimiento y de autorrealización. Cuando estas necesidades son vulneradas, el bienestar se ve comprometido, dejando al ser humano expuesto a múltiples formas de inseguridad.
La alimentación sana y balanceada y el acceso al agua potable son reconocidas como las más básicas de las necesidades humanas. El tránsito acelerado hacia una economía de servicios y la desproporcionada inversión en el sector turístico, en detrimento del agropecuario y la industria alimenticia, han convertido a Cuba, de un país capaz de autoabastecerse de alimentos hasta 1960, hasta la dependencia casi total de las importaciones para cubrir las necesidades alimenticias de la población. Esto es especialmente evidente en la proteína de origen animal.
Un informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), publicado en el 2022, concluyó que en Cuba hay serios problemas de nutrición y, por tanto, hambre. Curiosamente, de manera casi simultánea con la publicación de este informe, el Parlamento cubano aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, publicada en la Gaceta Oficial en agosto de ese año. ¿Simple casualidad o respuesta partidista para “demostrar al mundo» que se estaba ocupando del asunto?
Lo cierto es que a casi tres años de la promulgación de la Ley, la crisis alimentaria se ha agudizado, a tal punto que familias enteras han tenido que resistir —¿»creativamente»?— eliminando al menos una de tres comidas diarias, práctica aceptada como mínimo indispensable en cuanto a frecuencia para la ingestión humana de alimentos. A eso se suma la dificultad de acceder a productos cárnicos, huevos y lácteos en general, comprometiendo el consumo de proteínas.
A los mencionados problemas de producción agrícola e industrial de alimentos, se unen los problemas con el también obsoleto sistema de distribución de agua potable que, a la vez, es afectado por una inestabilidad energética que no parece tener fin, a pesar de las “alentadoras» noticias que pululan en estos días en los medios oficiales acerca la instalación de nuevas capacidades de generación fotovoltaica.
El aumento de la mendicidad también es reflejo de la crisis alimentaria. Con el nuevo Código de las Familias, el Estado se sacudió de gran parte de la responsabilidad en la seguridad social, trasladando esta a las familias y complicando aún más la situación en un contexto de salarios insuficientes.
La legislación laboral cubana brinda seguridad de alguna forma a las personas que han accedido al empleo. Sin embargo, no asegura que las personas reciban la remuneración oportuna por el trabajo realizado en todos los casos, quedando los trabajadores a merced de las decisiones de sus empleadores y hasta del banco para acceder a sus precarios salarios.
La garantía de acceso al empleo de los graduados universitarios y de la enseñanza técnica y profesional, que hasta hace unos años era prioridad, ya no existe. Así vemos a un ingeniero vendiendo croquetas o un licenciado manejando un taxi, algo que ocurre incluso con los que accedieron a empleos, cuyos salarios no alcanzan para sostener un nivel de vida mínimamente digno. Claro que para nada resultan profesiones indecorosas; la cuestión es el desperdicio de la inversión realizada para formar a esos profesionales.
La combinación de la falta de protección legal de quienes, estando en condición y dispuestos a trabajar, son discriminados en instituciones estatales por sus opiniones políticas, con la libertad ficticia del emprendimiento privado, genera desamparo y, con ello, inseguridad, al no dejar fuente legal de ingresos que les permitan cubrir, al menos, sus necesidades más básicas.
El depauperado estado del fondo habitacional, reflejado en el aumento de los derrumbes, y las carencias de medios que ofrezcan certeza en los diagnósticos, así como la escasez de medicamentos básicos, unido a la falta de transparencia de las estadísticas oficiales, diversifican el espectro de los peligros a los que están expuestos los cubanos.
La inseguridad en Cuba no se limita a lo económico, la vivienda o la salud. El aumento de delitos comunes y la proliferación de drogas sintéticas, como el «kímico», reflejan el estado de vulnerabilidad de toda la sociedad. Las medidas gubernamentales, más enfocadas en la represión que en soluciones estructurales, sólo refuerzan la sensación de desamparo.
La falta de protección legal efectiva frente a la violación continuada e impune de derechos y libertades individuales, como la censura, los procesos penales por asuntos políticos, la falta de regulación y el trato diferenciado a manifestantes según sus motivos, así como la aplicación discrecional de ciertas leyes, también son fuentes de inseguridad.
Más allá de las inseguridades materiales y legales, existe un factor intangible pero igual de devastador: la ausencia de certeza en un futuro mejor. La seguridad también se construye sobre la confianza en que los problemas actuales encontrarán soluciones viables y sostenibles. Sin embargo, en el caso de Cuba, el discurso gubernamental suele ofrecer repetidamente promesas que no se cumplen. Los titulares del diario Granma proclamando que «ahora sí vamos a construir el socialismo», y las alocuciones anuales del presidente asegurando que “el próximo año será mejor”, se han convertido en ecos vacíos para una población que enfrenta realidades cada vez más desoladoras.
Esta desconexión entre las palabras y los hechos no sólo alimenta el escepticismo, sino que agudiza la sensación de desamparo y desesperanza. Al no ver luz al final del túnel, los cubanos se enfrentan a un dilema que afecta su percepción de seguridad en todas sus formas: ¿Qué hacer cuando el presente es precario y el futuro parece una ficción?
Para mitigar los efectos de todas estas inseguridades, cada vez más cubanos renuncian a la necesidad de filiación y amor, reflejado en una estampida migratoria que ha esparcido, como bomba de fragmentación, cerca de dos millones de cubanos por todo el mundo en los últimos cinco años. Expresión directa del descontento popular y de la incapacidad del Estado para garantizar el bienestar individual y colectivo, esta migración masiva afecta la seguridad nacional al debilitar aún más el tejido social y económico del país. La pérdida de talentos y capacidad emprendedora, en especial de personas laboralmente activas, así como el desarraigo y el daño antropológico generados por tal éxodo, pone en serio peligro el futuro económico de Cuba como país y de los cubanos como nación.
Frente a esta crisis sistémica, el gobierno ha respondido con estrategias represivas, justificando sus acciones en nombre de la seguridad nacional. Sin embargo, esta narrativa pierde de vista que la verdadera seguridad reside en proteger y fortalecer a la población, no en controlarla.
La seguridad nacional va más allá de defender el suelo patrio de posibles agresiones externas. También implica conservar aquello que nos define como nación: nuestra humanidad, cultura y dignidad. Esto debe estar por encima de ideologías y ambiciones de poder, porque, al final, sólo un pueblo seguro y en bienestar puede ser verdaderamente libre. Sin seguridad para sus ciudadanos, una nación no sólo pierde su presente, sino también su futuro.
