✍ Redacción de Memoria Cívica
Antes del 11 de julio de 2021 (11J), Lizandra Góngora era conocida en las redes por sus cacerolazos en compañía de sus cinco hijos, con los que exigía al régimen desde mejorías económicas hasta la libertad de los presos políticos. En algún momento debió sospechar que podría ser ella, también, una prisionera más de la dictadura que encarcela a los ciudadanos por pensar y expresar una opinión opuesta al poder totalitario. El hecho es que, actualmente, Lizandra está incomunicada en la prisión de Los Colonos, en Isla de la Juventud, con un estrecho de mar que la separa de su familia, en Güira de Melena, Artemisa.
Fue llevada allí el 31 de marzo de 2023, desde la prisión para mujeres de El Guatao, en La Habana, como represalia por sus continuas denuncias contra el sistema penitenciario cubano y el ensañamiento de agentes de presidio hacia los disidentes encarcelados. A principios de septiembre de este año, su esposo, Ángel Delgado, reveló a la prensa independiente el estado de incomunicación al que ha sido relegada la activista, después de varios periodos en celdas de castigo y de sufrir la violencia física y el acoso de los oficiales en la cárcel.
El calvario de Lizandra comenzó el 22 de julio de 2021, once días después del 11J, cuando alguien en La Habana delató su participación en las protestas antigubernamentales en Güira de Melena. Como en otras ciudades de Cuba, ese día en la urbe artemiseña los manifestantes se concentraron frente a la sede municipal del Partido Comunista y las tiendas en MLC, símbolos de la crisis económica y la desigualdad que vive la isla. Específicamente, a Lizandra se le acusó de tomar parte en un «sabotaje» a la tienda La Imprenta. Además de esto, otros presuntos delitos de «robo con fuerza» y «desórdenes públicos» conformaron una condena de 14 años de privación de libertad, en sentencia emitida en marzo de 2022 por el Tribunal Militar Territorial Occidental.
Sobre su sentencia, la opositora declaró en un mensaje difundido por la consultora jurídica independiente Cubalex: «Las guerreras como yo no se rinden por tan poca cosa, con esa condena me demostraron que ellos me temen más a mí que yo a ellos. Mis principios en mi posición política no son negociables, no voy a bajar la cabeza ni a doblar mis rodillas».
Lizandra tiene 38 años. De sus cinco hijos, tres son menores de edad y han quedado a cargo de su esposo. Como es de entender, las visitas de la familia hacia Los Colonos se han convertido en una odisea. La comunicación telefónica, que la activista mantenía dos veces por semana con sus hijos y su madre, es fundamental en su caso. Lizandra, además, ha necesitado en varias ocasiones atención médica, pero ha tenido que exigirla —incluso con huelgas de hambre— a un sistema penitenciario al que poco importa la salud de los presos.
En Los Colonos, la presa política ha sido acosada por presas comunes bajo las narices de las autoridades carcelarias. En octubre de 2023, la activista fue golpeada por la jefa del penal y por otra reclusa. Lizandra había protestado luego de que le fuera negado su derecho a una llamada telefónica semanal, y recibió la golpiza como reprimenda.
Según ha contado ella misma, en un comienzo le era admitida una llamada telefónica cada tres días, limitada a 15 minutos y bajo vigilancia de la capitana Odalis —designada por la Seguridad del Estado para atender su caso—. Sin embargo, esta posibilidad se fue limitando hasta la anulación actual, en un intento del régimen por silenciar sus denuncias.
Antes de entrar a prisión, la activista era miembro del Partido Republicano de Cuba, una organización opositora con veinte años de creada y el objetivo de «contribuir a eliminar la dictadura comunista que gobierna en Cuba, y dar paso a un Gobierno provisional que permita la creación de un sistema democrático donde exista un Estado de derecho». De esta militancia y su activismo en las redes, es fácil deducir que la sentencia contra Lizandra estaba dictada de antemano.