Eliseo Giberga fue el único miembro del Partido Unión Democrática en los debates de la Constituyente de 1900-1901. La debilidad relativa de la formación les había llevado a coaligarse con los republicanos. Estos se habían hecho con buena parte de las candidaturas que resultaron exitosas frente a los nacionales. Sólo en la Matanzas natal de Eliseo, donde la Coalición Republicano Democrática logró el copo, fue posible elegir a uno de los autonomistas del ‘98. Los que estuvieron vinculados al fugaz régimen que apenas tuvo tiempo de organizarse en los primeros meses de ese año.
Desde el punto de vista electoral, durante la dominación española, Matanzas no había sido el bastión autonomista que podría esperarse. Era la cuna varios líderes imprescindibles del movimiento. Antonio Govín, José María Gálvez, el propio Eliseo. Ahora se perfilaba como un núcleo conservador. Junto a Giberga había elegido a Luis Fortún Govín ⸺pariente del Antonio antes mencionado⸺ con un historial para nada radical. También, para completar la lista de delegados, había elegido a dos generales independentistas. El primero de ellos, Pedro Betancourt Dávalos, era el gobernador civil de la provincia designado por el gobierno de ocupación. El segundo, Domingo Méndez Capote, sería una figura clave del conservadurismo cubano. De hecho, Méndez Capote sería uno de los artífices de la Coalición Republicano Democrática y de la fusión definitiva de ambos partidos.
Durante los debates de la Convención, Giberga participó de manera activa y creciente. Sus excelentes dotes de orador y su experiencia parlamentaria en España, lo habilitaban especialmente para ello. Aunque en muchas ocasiones parecía batirse solo contra el mundo, nunca lo estaba. Había un núcleo de conservadores, o moderados precavidos, dentro del cónclave a los que solía dar voz en muchos temas. El programa de los demócratas se apartaba radicalmente del de republicanos y nacionalistas en un tema fundamental. Partir del Tratado de París y no de la Resolución Conjunta para formular doctrinalmente las relaciones con los Estados Unidos. Estamos hablando de una de las exigencias de la convocatoria a la Constituyente. La Convención tenía tres tareas. Redactar la Constitución, formular las relaciones con los Estados Unidos y elaborar una ley electoral de acuerdo a la Constitución.
Esa segunda tarea parecía insólita. Todos estaban convencidos de que se trataba de una especie de trampa. Ponía en manos de un órgano constituyente la faena que debía realizar, en buena lógica, un gobierno ya constituido. Ese era, sin embargo, su mandato y había que cumplirlo a riesgo de prolongar la ocupación. Para ello, cada partido había decidido basarse en las posturas asumidas por los Estados Unidos que pudieran ser utilizadas como fundamento. La Resolución Conjunta pareció la mejor a los independentistas del Partido Nacional y del Republicano. Lo decía bien claro: Cuba es y de derecho debe ser libre e independiente. Nada más que discutir.
Los demócratas, por su parte, veían en esto una simple declaración política que de ningún modo podía obligar o comprometer la conducta del ejecutivo estadounidense. La expresión era pura retórica vacía, asentada en un acto reversible del Congreso. Poner la palabra de los americanos contra ellos mismos, decían los demócratas más o menos, no era el “te pillé” que se figuraban los independentistas. Moralmente podía impresionar a la opinión pública, pero carecía por completo de fuerza jurídica y material. El Tratado de París, por otra parte, era un instrumento de derecho internacional, un compromiso asumido ante el mundo. Faltar a él podía ser un golpe mucho más duro al prestigio del gobierno estadounidense.
Es cierto que el Tratado no hablaba directamente de independencia por ninguna parte. Aunque también vale decir que daba a Cuba un tratamiento muy distinto al que habían recibido otros territorios como Puerto Rico y Filipinas. La soberanía sobre estos había sido transferida directamente a los Estados Unidos. En el caso cubano, la soberanía había sido simplemente renunciada por España. No se le había otorgado a nadie. Había quedado suspendida en un limbo. Eso sí, anclada al compromiso de los americanos de fomentar el establecimiento de un gobierno estable en la isla.
En esa ambigüedad veían más potencial los doctos autonomistas del Unión Democrática que en las almibaradas palabras de la Joint Resolution. Al menos daba margen de maniobra para interpretar. Lo importante es que se trataba de formular relaciones entre dos países sobre la base de un instrumento internacional. La rima de estos principios era muy superior a la de los otros partidos, según confiaban los demócratas. Había convencido, incluso, al elemento independentista que conformaba parte de la directiva de la organización. ¿Faltar a la Joint Resolution? Sería otro jueves en Washington. ¿Esquivar el cumplimiento de un compromiso pactado en París? No sería imposible, pero ya estaríamos hablando de palabras mayores.
No vale la pena entrar en detalles en cuanto al razonamiento detallado que había detrás de esta posición. Está claro que Giberga era uno de sus autores y defensores a nivel doctrinal. También es evidente que causaría el rechazo de los demás partidos y sería utilizado luego por muchos historiadores para acusar de “entreguismo” a viejos autonomistas. Una vez más. Aunque una cosa es cierta, entre las consecuencias previsibles de la doctrina de los ex-autonomistas había conclusiones que causaban espanto. Algunos aceptaban la posibilidad de que se estableciera un protectorado estadounidense sobre la isla y que paulatinamente se adquiriera la soberanía plena. ¿Cómo iba a asustar el gradualismo a un autonomista? Esa había sido su receta siempre. A la mayoría de los antiguos mambises, sin embargo, les ponía los pelos de punta. Querían la República ya. Sin limitaciones.
La cuestión protectorista
Podría afirmarse que la solución definitiva al problema de las relaciones, en ese contexto, no satisfizo ni a unos ni a otros. La Enmienda Platt era un quiero, pero no puedo que no cumplía con las aspiraciones de ninguno. A los independentistas radicales no les daba la República libre y soberana. Los ex-autonomistas, por su parte, tenían una posición más compleja. La República soberana no hubiera disgustado a la mayoría. Es posible que algunos prefirieran una tutela más cercana que permitiera al país ponerse en condiciones de gobernarse de manera próspera y estable. Difícilmente estarían de acuerdo con una anexión que a la mayoría repugnaba por razones de toda índole.
Eso sí, la Enmienda Platt era demasiado intrusiva como para agradar a los soberanistas y demasiado laxa como para gustar a los protectoristas. No ofrecía los beneficios de ninguna de las dos opciones. Ni independencia, ni fortalecimiento material e institucional con vistas a la independencia. Como era previsible, la Enmienda Platt fue un rotundo fracaso porque su tibieza la hizo convertirse en una herramienta de la lucha política entre partidos. Los hechos posteriores así lo demostraron. Todos los estallidos de violencia política anteriores al régimen de Machado tenían la vista puesta en el Washington salvador.
Dicho sea de paso, no voy a entrar a valorar el protectorismo al estilo sectario partidista a que nos tiene acostumbrados cierta historiografía nacional. No creo que, por el momento, sea un debate vigente. El que quiera ver traición y entreguismo lo tiene fácil, como lo tuvo al calificar del mismo modo a los autonomistas del XIX. Lo cierto es que la anexión no era su finalidad y la desconfianza en la capacidad de Cuba para generar un gobierno estable era legítima. Que la solución protectorista fuera inviable, ya es otro aspecto del debate completamente distinto. En primer lugar, porque la opinión pública cubana no era capaz de asumir esa solución. Era, esencialmente, humillante, por mucho que una minoría la prefiriese. Si la política es el arte de lo posible, autonomistas y protectoristas podrían ser incluidos en el listado de los imposibilistas. Los segundos más que los primeros.
Contra el protectorismo se puede argumentar ampliamente, más allá de toda consideración moral y patriótica. Ocurre, no obstante, que nunca se institucionalizó de manera consecuente. La Enmienda Platt, con su ominosa y efectiva limitación a la soberanía, no construyó estructuras definidas, sólo planteó directrices. El protectorismo se ejerció siempre con carácter ad hoc. Dependía de las circunstancias, o del entusiasmo que pusiera en ello el representante estadounidense en la isla. Los más entusiastas, sin excepción, acababan chocando con el ejecutivo cubano que, a fin de cuentas, siempre obtenía de Washington su reemplazo. Quizá el ejemplo más acabado de protectorismo fue el de Enoch Crowder durante la primera parte del gobierno de Zayas. El americano tenía historia en la isla. Durante la segunda ocupación había presidido la Comisión Permanente responsable de elaborar leyes que evitaran nuevos conflictos civiles en la República, como los de la Guerrita de Agosto de 1906.
Su regreso durante el gobierno de Zayas no podía ser en un momento más crítico. La crisis económica tenía de rodillas al país y la inestabilidad política, heredada de la reelección conflictiva de Menocal, se hacía crónica. El bueno de Enoch, todo bienintencionado él, intentó dotar de principios morales superiores al gobierno y la administración pública de Zayas. El sueño protectorista de un sabio emisario de la civilización educando a los semisalvajes caribeños se hacía realidad parcialmente. Crowder llegó a decidir desde su cañonera hasta la composición del gabinete presidencial. Escogía secretarios de despacho de probada honestidad. Intentaba desterrar la corrupción y los manejos turbios que tanto enferman a las democracias débiles. Intentaba suavizar la intensidad de las luchas sociales que iban tomando cuerpo en la nueva generación llegada paulatinamente a la edad adulta.
Zayas se planteó, desde que inició su mandato, quitarse de encima al impertinente misionero de la superioridad moral. Finalmente consiguió que el presidente Warren Harding, de los Estados Unidos, nombrara a Crowder embajador. De este modo, lo neutralizaba en su papel de “asesor y enviado especial” que había tenido hasta el momento. El protectorismo ad hoc llegaba a su fin, limitado por las reglas del derecho internacional.
Dicho sea de paso, la ironía de este período de magisterio protectorista no puede ser más fehaciente. Mientras Crowder venía para educar a los salvajes en los modos incorruptibles de la civilización, EEUU quizá padecía la presidencia más corrupta de su historia. Cierto que la mayoría de los escándalos fueron conocidos después de la muerte del presidente, que no tuvo conocimiento de la mayoría de ellos. Maravilla, sin embargo, que mientras Crowder escogía secretarios de despacho honestos en La Habana, su presidente llenaba Washington de delincuentes. La fe en que una potencia avanzada iba a educarnos no podía quedar más desacreditada. El protectorismo lleva en su práctica la demostración de su ineficacia.
El gradualismo conservador
Ahora bien, ¿cuál era la postura de Giberga en todo esto? Nos hemos extendido a un período posterior a su muerte con el que de ningún modo debe ser involucrado. Volvamos, pues, al cauce de sus experiencias. De su participación en la Constituyente podemos extraer varias conclusiones. No le asustaba ni el protectorismo ni la independencia plena, pero su talante conservador le llevaba necesariamente al gradualismo. Y digo aquí conservador sin la carga peyorativa que tiene algunas veces el término en ciertos contextos. Tampoco le fascinaba el sufragio universal. Se declaraba defensor de los principios democráticos, pero creía que el ejercicio del sufragio activo requería cierta preparación. Había que educar al ciudadano antes de darle el poder del voto para evitar que la demagogia lo hiciera su títere.
Se trata de una posición muy discutible que hoy en día pudiera ser vista con censura. En su momento, el sufragio limitado no se impuso, pero fue apoyado también por ciertos elementos del independentismo. Incluso, fuera de la Convención, se promovió un debate en el que argumentó en contra del sufragio universal el propio Enrique José Varona. Una figura que la izquierda cubana acogería con entusiasmo años más tarde.
En general, los trabajos de la Convención no dejaron del todo satisfecho a Giberga. No podía ser de otro modo. Pertenecía a ese tipo de hombres incapaces de estar conformes mientras el mundo no se encuentre a la altura de sus ideales. Eso lo hacía un pesimista. A pesar de que uno de sus discursos más famosos, en su andar por el autonomismo, había sido en contra del pesimismo en política. Era pesimista porque sabía que Cuba nunca iba a ser como él la soñaba.
Más allá de la Constituyente
Su imagen terminó de desgastarse frente a la opinión pública cuando tuvo lugar un incidente en el que recibió amplísima desaprobación. Durante los trabajos finales de la Convención algunos delegados decidieron hacer una colecta para ayudar económicamente a Leonor Pérez, madre de José Martí. Cuando la lista llegó a Giberga este preguntó si se le ayudaría en calidad de persona desvalida o de madre de Martí. Enrique Villuendas, que como secretario estaba encargado de recoger el compromiso, le dijo, ofendido, que estaba relevado de figurar en la lista. Giberga replicó que, en efecto, si era en calidad de madre de Martí, no podría figurar en ella. Que Martí era el hombre más funesto y que sería execrado por la historia.
La anécdota tuvo graves consecuencias. Salvador Cisneros llegó a presentar una moción para expulsarlo de la Asamblea. La moción nunca fue discutida, pero las palabras de Giberga se hicieron notorias. No sólo había sido mezquino y sectario, había sido también impolítico. Me es imposible afirmar con total certeza que este incidente haya acabado con su carrera política. Lo cierto es que al terminar los trabajos de la Convención se retiró de la vida pública. Al menos en la medida de lo posible para una figura de su trayectoria y reconocimiento. Permaneció en la junta directiva del Partido Unión Democrática hasta su fusión con el Partido Republicano que tuvo lugar con vistas a las elecciones siguientes. Luego, no se postuló a cargo electivo ni figuró en la plantilla de ninguna secretaría. Volvió a su despacho de abogado cuyos trabajos había descuidado en beneficio de su actividad pública.
Eso sí, no dudó en dejar escuchar su voz en la prensa cuando entendió que la situación lo ameritaba o cuando se le requería. Podríamos traer a colación dos eventos en los que el gobierno cubano del momento solicitó y contó con sus servicios. El primero de ellos, vinculado a la reclamación tripartita de Francia, Gran Bretaña y Alemania por reparaciones de guerra. El segundo, a las relaciones diplomáticas con España, de algún modo vinculado con lo anterior.
La reclamación tripartita era fruto de la destrucción de bienes y propiedades de ciudadanos de los estados reclamantes durante la guerra de independencia. Los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Alemania pretendían cobrar a Cuba las indemnizaciones correspondientes. Aquello ponía al país en una situación delicada. En años anteriores, por situaciones similares, alguno que otro puerto latinoamericano se había ganado un cañoneo punitivo de las potencias. Por supuesto que la Enmienda Platt y el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe alejaban esta posibilidad. Era, no obstante, una situación delicada para el prestigio internacional de la isla, siempre en entredicho desde la implantación de las directivas plattistas.
El gobierno de José Miguel Gómez, y especialmente su cancillería encabezada por Julio Sanguily, tuvo que hacer frente a esta crisis. Por un momento, incluso, el garante de la independencia cubana, impulsor de la Enmienda Platt, pareció abandonar a su pupilo. Después de manifestar su disposición a mediar para que el asunto se resolviera favorablemente a los cubanos, el presidente Taft se retractó. Llegó a insinuar que le resultaba difícil hacer de mediador cuando sus propios ciudadanos a lo mejor podrían interesarse en presentar también sus reclamaciones. Esto último era completamente inadmisible, vale la pena aclararlo, porque el Tratado de París había resuelto de manera definitiva esa cuestión.
Sanguily decidió asesorarse con las mejores mentes jurídicas del país. Llegó a convocar a 57 notables para una reunión el 27 de enero de 1912. En febrero de ese año, apareció un artículo de Eliseo Giberga en un suplemento especial de El Economista, publicado en La Habana. Lo tituló: “Las reclamaciones extranjeras y el arbitraje”. Para no extender demasiado el relato, no me ocuparé detalladamente del proceso que llevó a la resolución de la crisis. Tampoco expondré todo el cuerpo argumental de Giberga. Sólo me referiré a la parte de su argumentación en la que se apoyó en el Tratado de París y la Constitución de 1901. Entiendo que puede funcionar como una reivindicación de la postura de Unión Democrática durante la Constituyente.
Giberga parte de que con el Tratado de París, España no renunció a su soberanía sobre Cuba en favor del pueblo cubano. Se trató de una renuncia abierta, imprecisa, que dejó en suspenso la cuestión de la soberanía. Teniendo en cuenta esto, sería improcedente establecer una continuidad entre el Estado Español y el Estado Cubano surgido el 20 de mayo de 1902. Reafirma que el artículo 2 de la Constitución toca este asunto. Ahí se proclama que el territorio de la República coincide con el que estaba bajo dominio español hasta la ratificación del Tratado de París. La mención del Tratado de París es totalmente intencionada porque llama la atención sobre la discontinuidad en el tema de la soberanía. Podemos decir después de esto: punto para demócratas y autonomistas.
También señala que en su disposición transitoria primera, la Constitución aborda el tema de las deudas y reparaciones. Se establece que la República reconocería deudas y obligaciones contraídas por los líderes independentistas desde el 24 de febrero de 1895. Luego de la proclamación de la Constitución de Jimaguayú, reconocería las contraídas por el Gobierno de la República en Armas. Aquí, se trazaba una continuidad entre la rebelión organizada contra España y la nueva República. Punto para los independentistas.
Al final, esto era sólo un esfuerzo particular de Giberga para ofrecer al gobierno cubano argumentos con los que enfrentar la crisis. La realidad llevó a que el problema se solucionara de manera parcial para los intereses de todos los involucrados. Las reclamaciones fueron analizadas por el Congreso, como establecía la Constitución. Se criticó que, si bien sólo se aceptó una parte de ellas, algunas de las aceptadas rebasaban los límites constitucionales.
España había estado involucrada inicialmente en este proceso. El Tratado de París también le permitió librarse de buena parte de las cargas. Había quedado, no obstante, un sabor amargo en las antiguas metrópoli y colonia por el toma y daca para zafar del asunto. El reino peninsular había quedado extrañado de los asuntos cubanos de manera sorprendente desde el fin de su dominación sobre la isla. Esto, a pesar de que el flujo migratorio hacia la ex-colonia nunca cesó. La población nacida en España residente en Cuba pasó, en términos relativos, de más del 8% a menos del 2% entre 1899 y 1953. La cifra absoluta, sin embargo, se mantuvo por encima de los 100 000 individuos durante todo ese tiempo. España y Cuba seguían teniendo relevancia la una para la otra, aunque fuera por este único motivo.
Por esta razón, a Giberga se le encomendó viajar a España en el último trimestre de 1912. Encabezaría la delegación cubana en los festejos por el centenario de la Constitución de Cádiz. Una constitución de extraordinaria importancia para la historia política de ambos países. Allí pronunció algunos de sus discursos más celebrados. Ese viaje cerró un ciclo histórico y personal de resonancias sorprendentes. El antiguo diputado al Congreso Español, venía ahora como emisario de otro país. Venía a celebrar el hito primigenio de la historia constitucional de ambos. Un hito que mostraba el punto en que sus caminos se unían y separaban. Los mismos caminos sobre los cuales Giberga no se había cansado nunca de reflexionar, ya fuera sobre el origen común, ya sobre el destino divergente.
Su visita a España no fue sólo un acto más en el proceso de reconciliación entre ambas partes. El “olvido de lo pasado” ya había cobrado todo el sentido que una vez quisiera darle, infructuosamente, Martínez Campos en El Zanjón. La reconciliación verdadera ocurrida durante el viaje de Giberga a España, me gusta imaginar, fue consigo mismo. Es posible que esté asumiendo el riesgo de convertir la personalidad histórica en personaje literario. De sus discursos en esas celebraciones no puede, sin embargo, obviarse esa nota.
Giberga asumió la República como le fue presentada. Tenía sus opiniones, pero obedecía a la realidad. Compartió ese destino con muchos de sus antiguos correligionarios del ‘98 que con mayor o menor acierto continuaron en la vida pública. Montoro llegó a ser candidato a la vicepresidencia de la República y luego sirvió a la diplomacia cubana en Europa. Giberga, por su parte, aunque no aspirara a cargo alguno, siguió activo en el plano cívico impartiendo conferencias y discursos. En esos discursos defendía sus posiciones históricas, pero nunca renegaba del destino que había tenido la isla. Si tenía que celebrar una fecha del imaginario independentista, lo hacía con gusto y se empeñaba en encontrar los puntos comunes dentro de las divergencias.
La muerte lo sorprendió, de hecho, cuando se encontraba en su natal Matanzas y a pocas horas de haber pronunciado un discurso. Había ido a la ciudad para celebrar la fecha sagrada de sus antiguos adversarios: el 24 de febrero. En la madrugada del 25 de febrero de 1916 murió en el hotel donde se encontraba en compañía de su esposa.
Epílogo
En ocasiones, cuando queremos defender a alguien que asumió posturas que hoy parecen indefendibles, decimos que estaba lleno de contradicciones. Funciona como una excusa piadosa con la que pretendemos mostrar algún rayo de luz entre tanta aparente oscuridad. Algún rasgo salvador entre conductas y criterios reprobables. Justificar a través de la confusión y la inconsecuencia ciertas inconsistencias morales que no se avienen con los valores de nuestro tiempo. En lo personal, como estudiante de la historia, me niego a practicar estos malabares afectivos. No existe un mandato que obligue a mostrar de manera simpática a aquel sobre quien se escribe. Si existe, es necesario desobedecerlo. Por eso me niego a decir que Eliseo Giberga “era un hombre lleno de contradicciones” para mendigar un poco de atención hacia su personalidad.
Giberga era coherente con Giberga. Cualquier otra afirmación es engañosa y esto aplica para el autonomismo en pleno. Sus aparentes contradicciones son el fruto de las falacias de nuestra lógica, no de sus antinomias internas. El hombre que tuvo aquel exabrupto antimartiano es el mismo que se exilió como protesta a Weyler y la política cubana de los conservadores españoles. El mismo que regresó al proclamarse la autonomía para tratar de que funcionara el parlamento insular. El mismo que no se había cansado de criticar al régimen español a pesar de no apoyar la lucha armada contra él. El mismo que creía que sublevarse contra España era lanzarse en brazos de los Estados Unidos. El mismo que despreciaba el poder de los Estados Unidos sobre la isla y concurrentemente lo creía necesario para evitar que se sumiera en el caos.
¿Su pecado original? El de todos los que se declaran contra el pesimismo. Era un pesimista. No confiaba en la capacidad de los cubanos para transitar de la esclavitud a la libertad tras un fogonazo de entusiástica violencia. A decir verdad, visto en la distancia, es difícil encontrar ejemplos que contradigan su pesimismo, aun buscando en el mundo entero. A la civilizada Francia le tomó un siglo transitar del estallido revolucionario inicial a una república democrática más o menos estable. A España le tomó mucho más transitar del antiguo régimen a un Estado moderno. Su siglo XIX, lo visto en vida de Giberga, estuvo pletórico de pronunciamientos armados y guerras civiles.
Y muchos cubanos de entonces y de hoy pensamos que si en 1902 no surgió la República ideal, la nación, en sí, ha sido un fracaso. En definitiva, el pesimismo de Giberga, si destilamos de la mixtura otros aspectos de su personalidad, no era otra cosa que precaución. Cautela frente al entusiasmo excesivo, la ligereza del juicio y la convicción de que en una década se puede hacer la obra de siglos. El gradualismo era impracticable en el orden material. Mucho empecinamiento de uno y otro bando en su contra. Sobre todo en el lado español. Eso sí, hubiera sido una solución menos dolorosa. Aunque eso no importa ya, porque, en fin de cuentas, es una hipótesis imposible de demostrar.
Lo que sí puede demostrarse, amén de todos sus defectos, es que Giberga nunca engañó a nadie, ni lo pretendió siquiera. En la Constituyente todos sabían cómo pensaba. Todos sabían que nunca se había retractado de sus opiniones negativas sobre la insurrección. El incidente respecto a la madre de Martí causa especial rechazo porque se trataba, en fin de cuentas, de una pobre viuda. No costaba nada asumir el acto humanitario formulando alguna suave reserva. La personalidad altiva, orgullosa, arrogante de Giberga no se lo permitió. Por eso tampoco podía ser un camaleón político. Habría sido una humillación insoportable fingir lo que no era. Es posible que la convicción de que no podría ser él mismo para tener éxito lo llevara a abandonar la política activa.
Esos rasgos de su personalidad también arrojan luz sobre las circunstancias de su muerte. A pesar de su censura a la causa, nunca rechazó participar en las celebraciones relacionadas con la República y la insurrección que la propició. Y su participación era necesariamente sincera. No podía ser de otro modo para un hombre como él. Como decía antes, asumió la República en tanto una realidad de su amada Cuba. Una realidad que podía ser criticable y, más aún, reprensible, pero que era tan definitiva como la familia. En su propia familia tenía dos hermanos mambises. Uno de ellos, el coronel Octavio, no sólo sirvió al Consejo de Gobierno durante la guerra, sino que fue magistrado del Tribunal Supremo más adelante.
La realidad nacional y familiar de la insurrección hizo que se autoimpusiera un estatus de derrotado al que nunca terminó de renunciar. Aunque tampoco renunció a su derecho a defender la idea de la República y acogerse a ella. La idea de una República perfectible de la que, en fin de cuentas, no había sido excluido por sus antiguos rivales. Quizá, sin sospechar la ironía, la idea de una República con todos.
