A inicios de 2023 saltó la noticia de la exclusión de Hungría del programa Erasmus de intercambios docentes de la Unión Europea (UE). Era parte de una sanción contra casi dos docenas de universidades de ese país, que no podrían seguir recibiendo fondos y estudiantes.
Lo mismo ocurrió con el programa Horizon, que financia actividades de investigación y desarrollo.
¿Ya no era la nación magyar parte de la UE? ¿Significaba un mayor resquebrajamiento entre Bruselas y Budapest? Más alarmante que eso: a pesar de su envergadura, la noticia se divulgó y discutió poco en los medios del viejo continente. Para el resto del mundo pasó casi desapercibida.
La andanada contra la educación en el país centroeuropeo no es la primera desde Bruselas. Cuando en 2015 la crisis migratoria que empujó una masa humana como nunca antes en la historia del viejo continente sobre sus fronteras, Budapest prefirió la soberanía nacional antes que aceptar las cuotas de migrantes propuestas por los burócratas del bloque regional.
Para despejar dudas sobre el tema conversamos con Rodrigo Ballester, líder del Centre for European Studies del Colegio Mathias Corvinus, y Comisionado ministerial para la educación superior en Hungría. Políglota, de origen español y con gran experiencia en los pasillos de la UE, asesora al Budapest en unas negociaciones determinantes para el futuro de la conexión entre la academia del país centroeuropeo y el resto del continente.
—¿Qué motivos esgrimió Bruselas para dar este paso frente a las instituciones de educación superior húngaras? ¿Cuáles, desde tu perspectiva, movieron esos resortes?
—La excusa de Bruselas fue una reforma de la educación de 2018 que permite a las universidades públicas que así lo desean constituirse en fundaciones públicas, un estatus que les dota de mayor autonomía y fondos públicos.
Los órganos de gobierno de estas universidades son dos: un rectorado compuesto de profesores académicos y un consejo de administración compuesto por personalidades externas al mundo académico que no lidian con asuntos académicos. Pues bien, la UE estima que estos consejos de administración constituyen de por sí un conflicto de intereses y, por lo tanto, una amenaza al “estado de derecho” que algún día, se supone, podría tener un impacto sobre la gestión de fondos europeos.
¿A qué viene este juicio de valores, este encadenamiento de suposiciones? Inicialmente, el pretexto era que un 10 por ciento de los miembros de estos consejos de administración eran políticos, por ejemplo, ministros que eran antiguos alumnos, alcaldes o tenían una relación especial con la universidad. Un argumento difícilmente sostenible pues ocurre en infinidad de universidades en Europa, sobre todo después de que estos 11 políticos dimitieran en febrero de 2023 y, aun así, no se levantaron las sanciones.
Por lo tanto, se trata de un razonamiento totalmente fantasioso (las becas europeas las reciben directamente los estudiantes o los investigadores, es imposible malversarlas), hipotético (ninguna universidad húngara ha cometido infracción alguna) y jurídicamente arbitrario ya que asume por arte de magia que la composición de un consejo de administración supone de por sí una violación del “estado de derecho”. Pura arbitrariedad.
En resumidas cuentas: un castigo colectivo por comportamientos hipotéticos, una discriminación de libro, sin investigación previa, violando la presunción de inocencia y sin que se pronuncie un tribunal…. en nombre del “estado de derecho”. Sencillamente orwelliano.
—¿Cuáles son las principales consecuencias de la supresión de los programas Erasmus y Horizon para estas casas de altos estudios, sus profesores y alumnos?
—En primer lugar, la imposibilidad de viajar a otro país europeo con financiación europea mientras que estudiantes, profesores e investigadores europeos sí pueden venir a Hungría. Para darle un ejemplo que ilustra el sinsentido y el ensañamiento de la medida, le diré que a pesar de las sanciones contra Rusia, los estudiantes rusos siguen siendo elegibles para el programa Erasmus, los húngaros no. De hecho, cualquier estudiante del mundo puede beneficiarse de éste programa, aunque venga de las peores dictaduras del mundo, con una sola excepción: los estudiantes húngaros, que son miembros de la UE.
En segundo lugar, la exclusión supone un daño reputacional para las universidades y centros de investigación húngaros ya que una parte de las universidades europeas ha cesado todo tipo de cooperación con ellos por el “qué dirán”.
Un desperdicio considerando la calidad de la educación superior húngara: es uno de los países con la mayor tasa de premios Nobel per cápita del mundo (el año pasado, obtuvo los de física y medicina) y con industrias punteras, por ejemplo, las mayores fábricas de Audi, BMW y Mercedes. Finalmente, los centros húngaros quedan excluidos de toda financiación europea, no sólo del programa Erasmus.
Aun así, estas sanciones no tendrán el impacto esperado en Bruselas. Hungría sigue siendo un país muy atractivo, los estudiantes extranjeros representan un 15% del total provenientes de más de 130 nacionalidades, una de las cifras más altas de Europa. Existen universidades de primerísimo nivel que imparten más de 700 títulos en inglés, que trabajan en estrecha colaboración con la industria, a precios muy competitivos, y, además, en uno de los países más seguros del mundo. En el largo plazo, me temo que el daño reputacional será mucho mayor para la UE que para las universidades húngaras.
—La noticia se divulgó y discutió poco en los medios del continente, aun cuando se trataba de un asunto político europeo que involucraba a un Estado miembro del bloque. ¿Por qué crees que ocurre eso?
—Es cierto, la noticia ha pasado desapercibida. Muy pocos profesores universitarios en Europa están al corriente y la opinión pública directamente, no lo sabe. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas es la saturación de noticias negativas o directamente falsas sobre el gobierno conservador de Viktor Órban.
Esto crea un condicionamiento de la opinión pública hostil hacia Hungría, una especie de presunción de culpabilidad, un estigma mediático por llevar a cabo políticas conservadoras que no están en sintonía con cierto pensamiento único.
También sorprende el silencio de la comunidad académica y universitaria ante un caso tan notorio de discriminación, una indiferencia llamativa teniendo en cuenta la propensión de tantos estudiantes para protestar por un sinfín de causas. Una indignación muy selectiva.
—Por estas fechas, sigues de cerca las negociaciones entre el gobierno húngaro y la UE para discutir las exclusiones. ¿Cuándo comenzaron? ¿Cuál es el clima que percibes en los encuentros?
—Primero, conviene recordar que no hubo negociaciones previas a las sanciones y que nadie en la UE ha venido a Hungría a entrevistar a rectores, estudiantes o profesores para averiguar nada de lo afirmado.
Una vez impuestas las sanciones, se iniciaron negociaciones en enero de 2023, año y medio atrás.
La impresión que tengo es que la UE no tiene ninguna voluntad política de encontrar una solución y que prefiere seguir con el chantaje a sabiendas de que el daño ya está hecho y que cuánto más dure, mejor. Han prostituido la noción de “estado de derecho” fuera la excusa perfecta para esconder una vendetta política tomando a los estudiantes como rehenes.
—¿Ha habido algún paso de avance?
—De momento, ninguno. Al contrario, la exclusión ha entrado en vigor en julio pasado y ya es efectiva. Incluso se ha llegado a un punto en el que la Comisión Europea ha dejado de contestar a la última carta oficial del gobierno húngaro de noviembre de 2023.
A pesar de este obstruccionismo, el gobierno húngaro tiene previsto adoptar una ley para cumplir con la mayoría de las condiciones impuestas por la UE, incluidas algunas sobre las que la UE no tiene estrictamente ninguna competencia. Pero el nivel de hostilidad hacia Hungría es tan visceral que dudo que ésta reforma legal cambie una situación en la que no se sabe cuales son las causas concretas de la sanción más allá de invocaciones de principios tan genéricos como maleables.
—¿Tienen una proyectada fecha de finalización para las negociaciones? ¿Guardas esperanzas de que el proceso se revierta en favor de los alumnos y universidades húngaras?
—Ahora mismo, la situación está todavía más estancada si cabe porque, después de las elecciones europeas, la nueva Comisión no entrará en funciones hasta diciembre o enero. Por lo tanto, este año académico está perdido y como pronto, la situación no se reconducirá hasta septiembre de 2025.
Pero la verdadera cuestión es otra: ¿existe voluntad política de la UE de resolver la situación o, al contrario, le conviene mantener la ambigüedad y el statu quo para prolongar un castigo que muy probablemente será declarado ilegal por el tribunal europeo que todavía no se ha pronunciado? Si es así, entonces la UE habrá demostrado que, por razones puramente políticas, es capaz de pisotear el estado de derecho y secuestrar el futuro de estudiantes… en nombre del estado de derecho.
