La electricidad es uno de los descubrimientos más relevantes de la ciencia. Gracias a ella, funcionan muchos de los sistemas que riegan los cultivos que consumimos, los equipos médicos que salvan vidas y ayudan a diagnosticar enfermedades, las industrias de todo tipo y algunos medios de transporte. La revolución industrial que impulsó su uso generó grandes beneficios para la humanidad, mejorando sustancialmente la calidad de vida, la eficiencia en el uso del tiempo personal y laboral, así como las opciones de comunicación y esparcimiento.
Durante la llamada Revolución Energética en Cuba, se sustituyó el uso de combustibles domésticos por electricidad para la cocción de alimentos en más del 90% de los hogares cubanos. Esto, unido a la venta de artículos electrodomésticos de todo tipo y las más recientes políticas de informatización de la sociedad, ha convertido el servicio eléctrico en una necesidad básica para los cubanos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 27.1, establece que «toda persona tiene derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten». Esto significa, básicamente, que los estados firmantes de esta declaración se comprometen a garantizar el acceso de todas las personas a las innovaciones y ventajas que brindan la ciencia y la tecnología. Dentro de estos beneficios, el servicio eléctrico juega un rol crucial. No se trata de un lujo, ni un favor, sino de una necesidad básica para el desarrollo personal y comunitario, un derecho inherente que permite la participación plena de las personas en la sociedad moderna. Es importante destacar que garantizar no significa que el servicio deba ser prestado por los estados, sino que éstos son responsables de crear las condiciones que posibiliten el acceso igualitario para todos.
La Constitución cubana declara, en el primer párrafo de su artículo 42, que “todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por origen nacional o territorial”. En el cuarto párrafo del propio artículo establece: “La violación del principio de igualdad está proscrita y es sancionada por la ley”, y, efectivamente, el artículo 388.1 de la Ley No. 151/2022 del Código Penal sanciona con privación de libertad, multa, o ambas, a quienes violen el principio de igualdad.
En ausencia de opciones asequibles para la mayoría de las familias cubanas, el suministro desigual del servicio eléctrico viola el principio de igualdad. Mientras en algunos lugares se garantiza el servicio las 24 horas o con escasas interrupciones, en otros apenas llega a cinco o seis horas por día y en horarios propios del descanso.
Sin embargo, la misma ley que sanciona la violación del principio de igualdad garantiza la impunidad cuando se trata de decisiones emanadas de una persona jurídica estatal, el Consejo de Ministros, ordenadas por la organización política única y «superior» de la sociedad, el Partido Comunista, en su afán de mantener una fachada de estabilidad política inexistente (artículo 19.2 del Código Penal). Legalizar la impunidad de las personas jurídicas y las organizaciones políticas y de masas deja a los ciudadanos cubanos indefensos ante las decisiones violatorias de sus derechos fundamentales, que se toman y aplican por las autoridades en esta y cualquier otra materia. En este caso, se violan, como mínimo, los derechos a una vida digna, al desarrollo integral, a la igualdad y al disfrute de los beneficios resultantes del progreso científico.
Desde el punto de vista empresarial, la electricidad tampoco es un lujo, ni un favor, sino un servicio por el que se paga, igual que el abasto de agua, el gas o el internet. No es un obsequio ni una concesión; es una transacción comercial en la que se intercambia dinero por un suministro necesario y constante. Como generadoras de lucro, las empresas eléctricas deben cumplir con su parte del acuerdo firmado con sus clientes.
No es secreto para nadie que el servicio eléctrico en Cuba es un monopolio estatal —y ¿quién sabe de quién más?—, lo que no solo afecta la eficacia y la eficiencia del servicio, sino que también subraya la responsabilidad del Estado en garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación geográfica, tengan acceso equitativo a un servicio eléctrico confiable y continuo. Como proveedor principal y prácticamente único, el Estado tiene, además, la responsabilidad de asegurar que la infraestructura eléctrica esté bien mantenida y que haya un compromiso real con la mejora continua del servicio.
Las empresas de la Unión Eléctrica y el Estado cubano muestran comportamientos propios de quien cree estar haciendo un favor, en lugar de proporcionar un servicio esencial. La falta de transparencia, los escasos canales de comunicación, las demoras en la solución de averías o la inefectividad de esas soluciones, así como el depauperado estado tecnológico de la infraestructura de generación son muestras evidentes de ello.
La falta de transparencia se evidencia en los partes diarios cargados de datos que poco aportan y que en algunos casos pueden resultar incompletos, dudosos o contradictorios. Partiendo de la declaración del artículo 18 de la Constitución acerca de que en Cuba existe un sistema socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y de que el artículo 3 de la propia Ley declara al pueblo como soberano y al Estado como el medio para ejercer su poder, las empresas eléctricas, como medios fundamentales de producción, son propiedad de todo el pueblo. Por tal motivo, la transparencia, más que un requisito de calidad, es una obligación; jamás un favor.
A las limitaciones propias del diseño de las redes de distribución se suma la escasez de materiales y medios suficientes para solucionar las averías en el menor tiempo posible. De allí se deriva, tanto la lentitud, como la solución efectiva y duradera, dando la impresión de que no consideran el servicio eléctrico como una necesidad urgente para sus usuarios.
¿Cuántas personas han perdido los pocos alimentos que tenían conservados por la falta de servicio eléctrico? Desentenderse del problema que ocasionaron indica una falta de responsabilidad y consideración por los impactos negativos en la vida de las personas.
Comprometerse a suministrar el servicio en función de la disponibilidad indica que no se ven a sí mismos como prestadores de un servicio necesario, sino como otorgadores de un favor que los clientes deben aceptar sin objeciones. Esto es posible gracias a la condición monopólica del servicio.
Las crecientes inversiones en el sector turístico, alto consumidor de electricidad, no rinden los dividendos que de ellas se esperan y reducen el acceso a este servicio en el sector residencial. La escasa inversión en el sector energético y el incumplimiento de los plazos para el mantenimiento, como las causas del estado actual de la infraestructura, denotan una actitud de autocomplacencia y de tratar el servicio como algo secundario, siendo tan básico.
Aunque las empresas eléctricas cubanas disponen de canales para comunicarse con sus clientes, ninguno provee una retroalimentación efectiva. El 18888 es solo para el reporte de averías y los canales de Telegram, al menos en Camagüey, no permiten a los usuarios enviar mensajes y, encima, bloquean las capturas de pantalla. Cuando se comunica con quienes atienden la página en la red social Facebook, las respuestas son evasivas. Todo esto denota arrogancia, actitud propia de quien realmente cree estar haciendo un favor.
Las empresas existen gracias a sus clientes. Una empresa que, siendo única en su tipo, planifica generar entre el 50 y el 60% de la electricidad que demandan sus clientes y, encima, se enorgullece por su cumplimiento, quebraría en un ambiente de competencia por el mercado, donde la estabilidad y la calidad sí importan.
La electricidad es mucho más que un simple servicio. Hoy por hoy, es la piedra angular para el desarrollo y el bienestar humano. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental que todos los ciudadanos tengan acceso igualitario a este recurso esencial.
